SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben dar prioridad a los grupos de alto riesgo en la vacunación contra el COVID-19 y garantizar una transparencia absoluta en el diseño y aplicación de sus programas de vacunación y en sus acuerdos con las empresas farmacéuticas.
Así lo establece el informe Las vacunas en las Américas: Diez imperativos de derechos humanos para garantizar la salud a todas las personas examina los planes de vacunación de 17 países de América Latina y el Caribe, elaborado por Amnistía Internacional, el cual contiene diez recomendaciones básicas dirigidas a gobiernos y empresas.
“El comienzo de la vacunación contra el COVID-19 ha generado esperanza en una región que ya atravesaba múltiples crisis de derechos humanos, muchas de ellas agravadas por la pandemia. Un año después del inicio de los confinamientos en América Latina y el Caribe, los gobiernos deben aprovechar la oportunidad de la vacunación para reducir las desigualdades, no para aumentarlas”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Ante las elecciones presidenciales y legislativas previstas en varios países de la región en 2021, el informe advierte que las presiones políticas y la corrupción podrían afectar el acceso a las vacunas y el derecho universal a la salud.
Asimismo, insta a los gobiernos a realizar amplias consultas a la hora de diseñar sus programas de vacunación y a garantizar que ni los grupos de riesgo, como el personal sanitario y las personas de edad avanzada, ni los grupos discriminados y marginalizados —como la población de pueblos Indígenas, afrodescendiente, migrante y refugiada o las personas privadas de su libertad— se quedan atrás en la recepción de vacunas.
“Dado que este año celebran elecciones 10 países en una región donde es habitual la corrupción del sector sanitario, existe el peligro real de que los gobiernos utilicen las campañas de vacunación con fines políticos. Quienes ejercen la política no deben utilizar las vacunas para premiar a sus afines, ni para presionar a sectores de la sociedad que critican sus decisiones. La salud es un derecho humano que en ninguna circunstancia debe ser socavado por la política”, manifestó Guevara Rosas.
Amnistía Internacional pidió a los Estados que garanticen el acceso a la información y la transparencia, ya que son fundamentales para un programa de vacunación adecuado.
Dijo que las empresas farmacéuticas, aunque están suministrando vacunas esenciales, también han socavado la transparencia de las negociaciones con los países de la región, con posibles repercusiones en el acceso universal a las vacunas.
Además de realizar más de dos docenas de entrevistas, la organización solicitó a 17 países datos concretos de las negociaciones y contratos de sus gobiernos con empresas farmacéuticas.
El organismo explicó que, aunque siete respondieron a la solicitud, sus respuestas no eran completas.
“En el contexto de la escasez mundial de suministros de vacunas, la transparencia y la rendición de cuentas sobre el diseño y la producción, adquisición y distribución de las vacunas son primordiales. Las empresas farmacéuticas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos con arreglo al derecho internacional, que requiere a los agentes privados a adoptar medidas proactivas para prevenir violaciones de derechos humanos, a compartir su conocimiento y tecnología para que el número de dosis de vacuna disponibles sea el máximo posible, y a trabajar conjuntamente para garantizar acceso inmediato a unas vacunas vitales a las personas que corren mayor riesgo frente a la COVID-19 en todos los países. Deben formar parte de una solución basada en los derechos humanos”, señaló Guevara Rosas.