SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) declaró que el proyecto de Presupuesto Nacional enviado desde la Presidencia de la República al Congreso Nacional incluye una interpretación distorsionada de los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República.

La entidad advirtió que el Proyecto de Presupuesto 2012 no sólo contiene modificaciones expresas a varios artículos de la Ley Orgánica de Presupuesto, sino que establece un nuevo régimen presupuestario, distinto y sustancialmente contrario al establecido por dicha ley orgánica y para cuya aprobación se requiere una mayoría de dos terceras partes.

El CONEP indicó que el Presupuesto 2012 modifica la ley orgánica cuando no se establece una desagregación a nivel de Capítulos (instituciones centralizadas del gobierno) y Partidas, como ordena el artículo 35 de la referida Ley Orgánica.

El CONEP explicó que constituye una distorsión concebir  al Poder Ejecutivo como una institución indivisa (no dividido en partes), como también lo es considerar que la distribución de los fondos de sus órganos internos, es decir los Ministerios, es una atribución discrecional de ese poder del Estado, violentando así la norma que establece que el presupuesto de los Ministerios sólo puede ser variado por ley.

“Esta autorización sobredimensiona la capacidad de distribución administrativa dada al Poder Ejecutivo en la ley orgánica, permitiendo que se decida por Decreto partidas que deben estar transparentadas y fijadas por la ley”

En reacción a la aprobación en primera lectura del Presupuesto Nacional en la Cámara de Diputados, el CONEP dijo este miércoles que de aprobarse el Proyecto de Presupuesto 2012 tal como fue enviado desde el Poder Ejecutivo se incurriría en un retroceso en términos de transparencia, lo que  sería contrario al espíritu que primó cuando se estableció en la Constitución un amplio margen de tres meses para discutir el Proyecto.

La cúpula empresarial indicó que la pieza se limita a establecer topes generales de gasto y delega al Poder Ejecutivo la facultad de disponer todas las apropiaciones (a nivel de Partidas) que deberían estar consignadas en la ley, quien queda autorizado  a aprobarlas de manera discrecional y sin control del congreso.

“Esta autorización sobredimensiona la capacidad de distribución administrativa dada al Poder Ejecutivo en la ley orgánica, permitiendo que se decida por Decreto partidas que deben estar transparentadas y fijadas por la ley”, afirmo el CONEP.

Según la entidad, “esta delegación de funciones congresuales al Poder Ejecutivo constituiría una violación del artículo 4 de la Constitución que establece que las funciones de los Poderes Públicos son indelegables”.

El empresariado señaló que el proyecto incluye una interpretación distorsionada de los artículos 233 y 234 de la Constitución al concebir  al Poder Ejecutivo como una institución indivisa (un solo paquete institucional) y que la distribución de los fondos de sus órganos internos, es decir los Ministerios, es una atribución discrecional del Poder Ejecutivo, violentando así la norma que establece que el presupuesto de los Ministerios sólo puede ser variado por ley.

El CONEP reiteró su llamado  a la Cámara de Diputados a no producir una aprobación festinada del Proyecto de Presupuesto 2012 y a sopesar estas observaciones tendentes a garantizar el respeto de la Constitución y las leyes, así como a avanzar en el objetivo de transparencia presupuestaria que iniciaron con el voto de la Ley Orgánica de Presupuesto, lo que debería tener mayor relevancia en el presente año, declarado como el “Año de la Transparencia”.