SANTO DOMINGO-. Con la aprobación de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, del 21 de noviembre del año 2002, el sistema financiero dominicano ha experimentado cambios muy significativos, producto del desarrollo y la dinámica del mercado, los ajustes y reformas en materia de regulación y supervisión, y de la implementación de las mejores prácticas y estándares internacionales, que han fortalecido la estabilidad financiera del sector bancario.
El dinamismo alcanzado por el sistema financiero dominicano en los últimos dieciséis años y las tendencias del mercado financiero internacional, sin embargo, requieren abordar nuevos temas regulatorios. Estos son los principales retos y desafíos de regulación que deberían ser abordados en el corto y mediano plazo, a los fines de preservar y consolidar la estabilidad financiera y el crecimiento económico alcanzado a través del sector bancario, como motor principal de la economía dominicana.
Primer Reto: Transformación digital del Sistema Financiero
Las nuevas tendencias en tecnología aplicadas al sector financiero y medios de pago han transformado la forma en que los bancos se relacionan con los clientes. La creciente demanda de los usuarios de productos y servicios financieros de tener a su alcance “el banco” para realizar, en todo momento, operaciones fuera de las sucursales, ha modificado sustancialmente las actividades de negocios de las entidades de intermediación financiera.
La pandemia del COVID-19 ha revelado que la banca digital más que una elección, es una necesidad y un componente integral de la estrategia de negocio de las entidades de intermediación financiera, para mantenerse vigente en el mercado, generar nuevos ingresos, reducir costos operativos y mejorar la experiencia del cliente, a través de la reducción de los tiempos de atención.
Desde el órgano regulador de la Administración Monetaria y Financiera se deberá promover una nueva regulación para apoyar los cambios que requerirán las entidades en el proceso hacia la transformación digital de todas sus operaciones bancarias, esto incluye préstamos utilizando firmas digitales, así como, apertura de cuenta de ahorros, corrientes, certificados de inversión desmaterializados o digitales.
Con la emisión de esta nueva normativa, y la derogación de aspectos no esenciales en Reglamento de Apertura y Funcionamiento y otros afines, las entidades de intermediación financiera podrán desarrollar de manera más eficiente toda su capacidad de transformar sus operaciones financieras tradicionales en operaciones financieras digitales.
Segundo Reto. Establecer Sinergias con empresas Fintech
El ecosistema financiero está cambiando, como resultado del mayor uso de la tecnología para la modernización de los procesos y la innovación en los productos y servicios financieros. En ese contexto, las empresas de tecnología y finanzas, conocidas como Fintech, presentan un alto potencial, que ofrecen productos y servicios financieros innovadores y accesibles, apoyándose en las plataformas de los dispositivos móviles inteligentes y del internet.
Al igual que en el resto del mundo, en República Dominicana también han surgido empresas Fintech, las cuales podrían representar para las entidades de intermediación, oportunidades para innovar y adaptarse a los cambios tecnológicos, con beneficios que incluyen bajos costos, reducción de asimetrías de información, procesos operativos más rápidos centrados en la atención al cliente, lo que favorece la bancarización y la inclusión financiera.
El principal tema de debate en diversos países de la región gira en torno a si las Fintech deben ser reguladas o no, así como a los enfoques potenciales de regulación y supervisión para vigilar servicios específicos ofrecidos por este tipo de empresas.
La transformación digital está sustentada en alianzas estratégicas. En este contexto, las Fintech no deberían verse como competencia, sino como empresas colaborativas con las entidades de intermediación financiera.
En el país existe un marco normativo que regula la mayoría de los modelos de negocios del sector financiero, sin embargo, el mercado demanda cambios regulatorios que faciliten el desarrollo de empresas fintech y establezcan lineamientos en relación con la protección al usuario, administración de riesgos, seguridad cibernética y prevención del lavado de activos.
Tercer Reto. Promover una normativa sobre Finanzas Verdes.
Consciente de la importancia de adoptar medidas orientadas a mitigar el impacto de la contaminación, deforestación y pérdida de ecosistemas a nivel mundial, se requiere impulsar políticas de regulación socioambientales, que promuevan la defensa, protección y restauración del medioambiente y la sostenibilidad presente y futura de los recursos naturales de la República Dominicana.
Con este objetivo, la Junta Monetaria, deberá elaborar una propuesta de reglamento para la gestión de riegos ambientales y sociales, con la finalidad de establecer los lineamientos mínimos que deberán observar las entidades de intermediación financiera, para determinar, evaluar y gestionar estos riesgos, durante la estructuración y otorgamiento de créditos destinados al financiamiento de proyectos que puedan tener impactos sociales y ambientales.
La propuesta normativa deberá incluir incentivos para que las entidades financien proyectos ambientalmente sostenibles, es decir, iniciativas de personas físicas y jurídicas, que promuevan la conservación del capital natural y social, la reducción de desechos y emisión de carbono, el uso de energías renovables, entre otras medidas que faciliten la migración hacia una economía resiliente al cambio climático.
Entre estas operaciones deberían ser considerados créditos para la producción verde (ecoturismo, productos orgánicos, biocomercio); financiamiento de proyectos orientados a la mitigación al cambio climático (energía renovable, eficiencia energética, manejo integral de residuos, reducción de carbono neutral, entre otros); de iniciativas para la adaptación al cambio climático (conservación del agua, agricultura, proyectos para reducción del riesgo de desastres, entre otros); así como de prácticas para la gestión y recuperación ambiental.
Cuarto Reto. Fortalecer la supervisión consolidada de los conglomerados financieros y económicos
La supervisión consolidada es una herramienta complementaria a la supervisión individual, cuyo objetivo es supervisar la gestión de los riesgos que enfrentan las empresas que forman parte de un conglomerado financiero o económico.
Un conglomerado financiero o económico puedes estar formado por empresas financieras, bancos nacionales o extranjeros operando localmente, las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), puesto de bolsa, Administradoras de Fondos de Inversión (AFI), Aseguradora, o por empresas de sector real de la economía, que están bajo la dependencia de un mismo Holding.
La supervisión consolidada permite: Transparentar nivel de solvencia en el conglomerado (doble o múltiple apalancamiento), la transmisión de riesgos entre entidades vinculadas que podrían perjudicar a una empresa supervisada (operaciones intragrupo). También, situaciones de arbitraje regulatorio entre las empresas del conglomerado y concentración de exposiciones a terceros a nivel de conglomerado. Y mejorar la gestión de riesgos a nivel de conglomerado.
Actualmente, estos riesgos no se están midiendo de manera consolidada dentro del sistema financiero dominicano, y cada Superintendencia se maneja unilateralmente y hasta aislada de la otra. Es importante readecuar el marco legal en materia de la supervisión de los conglomerados financieros, debido a que, entre las mismas empresas de un mismo holding, se están traspasando los riesgos haciendo casi imposible que un supervisor de manera individual pueda identificarlo.
Una nueva normativa desde la óptica del Órgano Regulador, permitiría mejorar los mecanismos de supervisión conjuntos, así como mejoraría sustancialmente, los mecanismos de intercambios y análisis de información conjunta de las empresas que conforman el conglomerado financiero. Está nueva regulación debería procurar armonizar las normativas sectorizadas para evitar arbitrajes regulatorios o sobre costos regulatorios incensarios.
Quinto Reto. Supervisar las cooperativas grandes y abiertas que realizan intermediación financiera
Ha sido una preocupación constante del sector bancario dominicano el desempeño de las cooperativas, vistas como competencia, bajo la premisa de que las mismas atienden el mismo segmento o nicho de negocio, pero con asimetrías a nivel de la regulación y estándares de supervisión.
Las cooperativas abiertas, que hacen intermediación financiera, representan una competencia para los bancos, pues ofrecen productos y servicios para atender las necesidades financieras de un segmento importante de la población y contribuye a dinamizar las actividades productivas.
La Administración Monetaria y Financiera debe continuar sus esfuerzos de promover la regulación y supervisión de las Cooperativas Abiertas de Servicios Múltiples que realizan intermediación financiera, con el objetivo de disponer lineamientos para la gestión de los riesgos financieros y no financieros a los que están expuestas.
De hecho, este es un tema de interés del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que ha destacado la necesidad de fortalecer la regulación y supervisión de las entidades no bancarias, para superar las brechas existentes, conforme a los estándares internacionales de transparencia y fortalecer el marco macrofinanciero.
Sexto Reto. Conversión de las Asociaciones de Ahorros y Préstamos de entidades mutualistas a entidades accionarias
Las Asociaciones de Ahorros y Préstamos han demandado que su sector sea dotado de herramientas y mecanismos operativos para competir con las demás instituciones de intermediación financiera, argumentando sus limitaciones en realizar captación de depósitos de ahorro en dólares, ofrecer productos de cuentas corrientes en pesos dominicanos y dólares, ofrecer los servicios de comercio exterior y banca corresponsal, por lo que han ido perdiendo participación de mercado, máxime cuando deben cumplir con todas las regulaciones emanadas de la Administración Monetaria y Financiera.
El patrimonio neto de las Asociaciones a noviembre del 2020, asciende a RD$43.4 mil millones de pesos. Dicho Patrimonio jurídicamente pertenece a los asociados de las Asociaciones.
Sin embargo, dieciocho años después de haberse aprobado la Ley Monetaria y Financiera, No. 183-02, del 21 de noviembre del 2002, el artículo 75 de dicha Ley, cita que la Junta Monetaria podrá ampliar las operaciones que realizan las asociaciones de ahorros y prestamos. Así mismo, transcurrido un año después de la promulgación de dicha Ley, la Junta Monetaria podrá autorizar la conversión de estas instituciones en entidades accionarias, prevista en el artículo 34 de dicha Ley. La Junta Monetaria dictará los mecanismos de conversión.
Pendiente está para la Junta Monetaria cumplir con la misión que le encomendó el Congreso de la República en el año 2002, en el artículo No. 75 de la Ley Monetaria y Financiera, de emitir un reglamento que permita a las Asociaciones de Ahorros y Préstamos convertirse en Bancos Múltiples y poder ofrecer la gama de productos y servicios, permitidos a la banca múltiple conforme al artículo 40, de la referida Ley.
Las ventajas que tendría la emisión de este reglamento de conversión es que permitiría a las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, ser más competitivas, agregaría mayor competencia y dinamismo al sector bancario dominicano, los clientes de las asociaciones se beneficiarían de toda la gama de productos y servicios que ofrecen los bancos múltiples.
Los nuevos accionistas de las asociaciones podrían fortalecer la base de capital con nuevas capitalizaciones endureciendo la solvencia de éstas; y el estado dominicano, podría recibir como ingresos por concepto de impuestos, hasta un monto de diez mil millones de pesos dominicanos, por los ingresos que recibirían sus asociados por la distribución del patrimonio neto ascendente en más de 43 mil millones de pesos a noviembre del 2020.