SANTO DOMINGO, República Dominicana-. Casi seis meses es el tiempo que Darilis espera el pago de sus prestaciones laborales, esas que le corresponden luego de pasar 14 años trabajando en el Ministerio de Industria y Comercio, donde afirma, no le han dado respuesta alentadora.
Unos RD$ 7,000 devengaba como salario en sus funciones de inspectora de regulación y supervisión de los combustibles subsidiados por el gobierno, hasta octubre pasado cuando fue desvinculada.
La respuesta que recibe Darilis Belgal desde el Ministerio de Administración Pública (MAP), es que los cálculos deben de hacerse en Industria y Comercio, el mismo argumento que cientos de trabajadores han denunciado en las diversas protestas realizadas en búsqueda de sus prestaciones.
De acuerdo con el MAP alrededor de 61,924 servidores han sido desvinculados a la fecha, aunque no informó de cuales instituciones, ni el monto involucrado en el pago de las prestaciones, porque en la Dirección de Relaciones Laborales “están inmersos en dar respuesta a las diversas solicitudes de servicios que reciben diariamente”.
Retraso y reclamo
El retraso en el proceso de aviso de cancelación y cálculos de beneficios laborales es el motivo por el cual los miles de trabajadores desvinculados no han recibido sus prestaciones. La problemática ha surgido porque el MAP y las instituciones que cancelan se responsabilizan mutuamente de ser los encargados de estos procesos.
El ministro de Administración Pública, Darío Castillo ha dicho que las instituciones son las que deben hacer los cálculos, mientras que entidades como la CAASD han manifestado que el proceso ha sido más lento por la cantidad de casos que tiene el MAP.
Los cálculos deben de realizarse mediante el sistema automatizado Reclasoft, que desde el 2012 existe para que los departamentos de recursos humanos de las instituciones puedan realizar el proceso desde que el servidor público es cancelado y luego someterlo al MAP para ser validado.
Esto se traduce en que los extrabajadores no tendrían que ir al MAP en busca de conocer el cálculo de sus prestaciones laborales y beneficios la Ley de 41-08 de Función Pública. Para el pago de las prestaciones, la institución tiene un plazo no mayor a 90 días, a partir del inicio del trámite, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la dicha ley.
Diversas manifestaciones se han dado por estos retrasos, usando como escenario desde las instituciones donde los extrabajadores exigen sus pagos, como el MAP y el Palacio Nacional, algunas con casos como el de la señora Wendy Hernández, quien se desnudó en reclamo al pago de sus prestaciones tras ser cancelada del Ministerio de Obras Pública.
Entre las instituciones del Estado que han estado envueltas en los reclamos por el retraso de pagos por desvinculaciones desde el cambio de Gobierno, están el Ministerio de Educación, Plan Social, CAASD, OMSA, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes (MICM), Obras Públicas, Comedores Económicos, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), entre otras.
Solo en la CAASD, la institución ha informado el inicio del pago de RD$30 millones en prestaciones a personas canceladas entre los meses agosto, septiembre y octubre de 2020.
En el Ministerio de Educación se habla de cerca de 30 mil exempleados que aún no han recibido sus prestaciones, mientras que en el Inabie, los expedientes se encuentran en la Tesorería Nacional para el pago de unos RD$12.5 millones por este concepto.
Lo que ha dicho el MAP
Desde el MAP se le ha informado a este diario que no cuentan aún con las estadísticas correspondientes a la cantidad de cálculos de prestaciones aprobadas, el monto involucrado o cuántas instituciones han enviado las solicitudes, porque están inmersos en dar respuesta a servicios como asistencia para orientación, cálculo de beneficios laborales, comisiones de personal, entre otros.
“En estos momentos, nuestra prioridad es brindar la debida asistencia a nuestros usuarios y agilizar el proceso de autorización de los cálculos de beneficios laborales, de manera que las instituciones procedan a realizar los trámites de pagos que correspondan, en el plazo establecido”, dicta la respuesta a la solitud de Acento para que otorgara las estadísticas sobre las cancelaciones, incluido el dinero adeudado a los que trabajaron para el Estado.