SANTO DOMINGO, República Dominicana-. Cada semana, cerca de 2,500 kilos de cocaína llegaba desde Colombia y Venezuela a la República Dominicana, que servía como de centro de acopio para distribuir la droga a los grandes mercados del consumo: Estados Unidos y Europa.

Es mucha droga, y la teoría del Ministerio Público, planteada en la solicitud de medida de coerción contra 21 individuos de la operación Falcón, asegura que este ritmo de tráfico lo llevaban desde el 2012, y que pudieron dar apariencia legal a más de 10,000 millones de pesos en inversiones.

Se identificaron a 44 personas, entre ellas las apresadas, como parte de la estructura criminal, dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico transnacional. Las ganancias de narcotráfico llegaron a los bancos, se asearon a través de diversos negocios y usaron a personas profesionales que con su servicio, ayudaron a dar apariencia legal al dinero ilícito.

Esto y más, porque también inyectaron dinero en política para asegurar influenciaa e impunidad a su red operativa. "Financiaron campañas políticas a escaños en el Congreso Nacional, alcaldías, consejo municipal, con el objetivo de tener incidencia y poder", cita la solicitud de medida de coerción.

Como ejemplo de sus tentáculos funciona lo que ocurrió en Miches. El Ministerio Público atribuye a esta red, la operación de las tres únicas estaciones de combustibles que existen en el pueblo, las cuales fueron allanadas. El viernes pasado, la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) asumió la continuidad de la operación de esos negocios con autorización de las autoridades judiciales.

El expediente con 21 apresados no incluyen a las dos cabezas de la red criminal, todavía prófugas. A Erick Randhiel Mosquea Polanco, se le define como un "un poderoso y temido narcotraficante internacional", que logró montar un esquema de operación sin precedentes. Y Juan José de la Cruz Morales es el segundo al mando, "el brazo operativo de la estructura criminal".

En el sistema financiero, las ganancias de narcotráfico fueron introducidas a través de entidades de intermediación financiera (como bancos, asociaciones de ahorros y prestamos, cooperativas…), los intermediarios de valores (puestos de bolsas),  y agentes de remesas y cambio.

En el mercado no financiero, las actividades desde las cuales daban apariencia legal al dinero del narcotráfico eran diversas: casinos, bancas de lotería o apuestas y concesionarios de lotería y juego de azar, sector inmobiliario, empresas constructoras. Se inyectaron fondos millonarios a través de empresas de producción, estación de combustibles, dealers, vehículos de lujo, fincas, ganados.

 

Esta organización criminal diseñó una estructura para lavar dinero, compuesta por familiares de los líderes que se dedicaban al narcotráfico, que han servido como testaferros y administradores de los diversos negocios y las propiedades. El expediente indica que se hacían arreglos para que una persona actuara como accionista de nombre para otra persona o empresas, en las compras y ventas de vehículos y armas de fuego.

El documento de solicitud de coerción, con 110 páginas, describe que una vez Erick Randhiel recibía en suelo dominicano el dinero de narcotráfico, en coordinación con Juan José de la Cruz Morales, este último contaba con un "equipo de colaboradores, en su mayoría familiares", encargados de invertir en muebles e inmuebles para ingresar el dinero al sistema financiero.

Hasta la madre de Erick Randhiel está acusada en este expediente, y es una de las arrestadas.

Además, la red contaba con abogados, ingenieros, contables, arquitectos, administradores, empleados y comerciantes, que "teniendo conocimiento de la actividad ilícita, participan activamente en el lavado de activo para dar apariencia de licitud a los bienes ilegales".

De esta forma es que han logrado adquirir cientos de propiedades, armas de fuego de corto calibre y de guerra, estaciones de combustibles, inmuebles lujosos, fincas, vehículos de alta gama, prendas, embarcaciones, dealer de vehículos, discotecas, bancas de apuesta y empresas de entretenimiento.

"Los imputados trataban de darle apariencia legal a sus negocios a través de documentaciones llenas de falsedades, con pretensión de ocultar su rastro de origen ilícito y justificar el rápido incremento de su fortuna", describe el expediente.

Transformaron sus transacciones con el objetivo de colocarlos en la economía legal y en las instituciones financieras.