El proyecto de Ley del Régimen Electoral de la República Dominicana llevaba mucho tiempo en discusión; ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y por los Senadores. Es una Ley necesaria para regular y actualizar las actividades vinculadas a los procesos eleccionarios y para una organización más efectiva de las entidades y de los ciudadanos comprometidas con el ámbito electoral. Además, es importante para organizar la participación ciudadana, especialmente para que el ejercicio del voto sea cada vez más consciente y libre, tanto en el ámbito local como en el extranjero. Se pretende un proceso electoral más maduro, transparente y organizado.
En la República Dominicana, los Partidos Políticos, sin excepción, se han caracterizado por desconocer las leyes y por funcionar según sus propios dictados. Se espera que la Ley del Régimen Electoral resuelva parte del caos que se evidencia en materia electoral en nuestra sociedad. Esta Ley – que está en las instancias del Poder Ejecutivo- pretende resolver aspectos diversos, pero al mismo tiempo se descalifica como Ley orientada al reconocimiento de los derechos de las mujeres a ser tratadas sin discriminación, a ser tratadas como sujeto de derechos con reconocimiento de estos.
Ni los hombres respetuosos de los derechos humanos, sociales y políticos, ni ninguna mujer han de callar ante una Ley que se opone a la equidad de género y que implícitamente consagra la supremacía de los hombres en el terreno político. Esto no ha de permitirse en ningún caso, pues los hombres y las mujeres son iguales; poseen igual dignidad, iguales derechos y responsabilidades. Estamos de acuerdo con todas las mujeres que rechazan el artículo 136 de la nueva Ley por ser un atentado a la equidad de género.
Esta inequidad provoca que la participación de las mujeres en materia electoral reduzca su incidencia y la fuerza de su voz. En este contexto, el Presidente de la República debería de abstenerse de promulgar la Ley del Régimen Electoral y demandar que las Cámaras Legislativas tomen una postura que favorezca la igualdad y la equidad de género. El art. 136 de la nueva Ley indica que las nominaciones y propuestas de candidaturas a la Cámara de Diputados, a las regidurías y vocales, deberán estar integradas por no menos de un 40% ni más de un 60% de hombres y mujeres de la propuesta nacional. Esto provoca el rechazo de las mujeres, lo que es una muestra de que ninguna está dispuesta a tolerar que se continúen vulnerando sus derechos y distanciando al país de una visión política y electoral avanzada y coherente con el desarrollo de este campo en el entorno internacional.
Hechos de esta naturaleza nos convencen, cada vez más, de la necesidad de que un amplio grupo de nuestros representantes en el Poder Legislativo potencien su educación en la perspectiva de los derechos humanos fundamentales. De igual modo, requieren una visión más integral de la función de la mujer y de los hombres en el desarrollo de la sociedad y en los procesos de construcción de una democracia participativa que supere la instrumentalización y la discriminación. De otra parte, esta involución política y electoral constituye un desafío para la mujer dominicana y para la sociedad: para la mujer, porque le exige un cuidado sistemático de su formación y una acción orgánica en el campo de la política para promover el reconocimiento y el ejercicio de los derechos y de las responsabilidades de todos los ciudadanos, sin reservarse poderes discrecionales para ella.
De igual modo, constituye un desafío para la sociedad, para que de una vez por toda, rompa su inercia ante leyes que nos alejen de la civilización y de los avances que demandan la inclusión social y la equidad de género en este siglo XXI. El sistema educativo preuniversitario y el sistema de educación superior han de revisar sus propuestas académicas y su participación social, para que le confieran mayor consistencia en lo concerniente a educación en género, educación democrática y educación para la justicia y la equidad.
Este debate compromete a las familias para que asuman una posición más responsable en los procesos de formación ciudadana, haciendo que su espacio sea, realmente, el primero en construir una visión y una práctica en igualdad de los derechos de los hombres y de las mujeres. Esta nueva Ley desafía e interpela, además, a la Junta Central Electoral, para que trabaje por un sistema electoral integral, en el que los derechos y responsabilidades de los ciudadanos se coloquen por encima de intereses particulares de sectores políticos o de algún género en particular. Hemos de pasar de la discusión al ejercicio cotidiano de estos derechos y de las responsabilidades que derivan de ellos.