El país tiene ahora la presión del gobierno de España, y el reclamo de la empresa INDRA Sistemas, para que la Junta Central Electoral le desembolse 13.9 millones de dólares que supuestamente se le adeuda por la firma un contrato irregular e incumplido por la empresa española para suplir los equipos de escaneo, captación de huellas y escrutinio de las elecciones nacionales del 15 de mayo del 2016, a un costo de 39.9 millones de dólares.
Desde su primer informe sobre las elecciones, el 16 de noviembre de 2015, el movimiento Participación Ciudadana comenzó a proclamar la necesidad de dotar de equidad y transparencia la administración de las elecciones. El 8 de febrero de 2016 fue dado a conocer el segundo informe con las mismas preocupaciones, y ya en marzo, en su tercer informe Participación Ciudadana anunciaba que realizaría un conteo rápido de las elecciones, que durante los siguientes meses fue torpedeado por la presidencia de la JCE, hasta aprobarlo ya llegado el momento de las elecciones.
En su cuarto informe, el 25 de abril del 2016, Participación Ciudadana daba cuenta de las dos solicitudes presentadas por ellos a la JCE: Realizar una auditoría de los equipos y programas que estaban destinados a realizar el conteo electrónico de las elecciones, y realizar un conteo manual en una muestra de un 3% de los colegios electorales. Ambas medidas fueron rechazadas por la JCE. Rabietas del presidente del tribunal electoral le llevaron a decidir realizar ellos mismos, juez y parte, un conteo manual en un 15% de los colegios electorales. Eso se haría en las juntas municipales y no en los colegios electorales.
En su quinto informe, dado a conocer en mayo 2016, Participación Ciudadana ya hablaba del “infortunio del escrutinio electrónico”, y se quejaba de la ausencia de los partidos políticos en el debate. la JCE prometió que la OEA realizaría una auditoría de los equipos y programas a utilizarse en el escrutinio de las elecciones. La OEA negó la versión, diciendo que solo observaría el simulacro de las elecciones que se haría el 1 de mayo.
El 17 de abril del 2016 la JCE emitió su resolución 64-2016 para regular el escrutinio electrónico, en donde se depositaba confianza absoluta en las máquinas adquiridas y suplidas por la empresa INDRA Sistemas, contrariando de ese modo el artículo 127 de la Ley Electoral. Eddy Olivares rechazó la decisión, emitió un voto disidente y dijo que no era posible obviar el cumplimiento de la ley, en relación a la revisión manual de los votos emitidos por los ciudadanos.
El 5 de mayo la JCE acogió el conteo manual, además del electrónico, en el 100 por ciento de los colegios electorales. Esto salvó las elecciones y evitó al país una tragedia. Pero la decisión se acogió sólo para el nivel presidencial.
El sexto y último informe de Participación Ciudadana se dio a conocer en julio 2016. Fue el balance general del proceso. Aquí hay un relato sobre las violaciones a por lo menos 24 de los artículos de la ley electoral y se dice que el fracaso de la automatización del escrutinio electoral “se debió a la falta de gerencia y de tiempo”.
Lo que dice este informe sobre INDRA Sistemas y la JCE es lo siguiente:
La JCE firmó el contrato con la empresa española Indra Sistemas, cinco meses antes de las elecciones. Los términos y condiciones se desconocen debido a la falta de transparencia de la entidad electoral. La JCE no coloca en su página contratos como ese ni como el suscrito con el
Latinobarómetro de Las Américas para auditar el padrón, o el firmado con PriceWaterHouse para la auditoría a los equipos y programas para la automatización del conteo.
Un dato que llama la atención en la adjudicación de los equipos de impresoras de Indra Sistemas por US$31,831,680 millones de dólares es el bajo costo de los otros oferentes y las violaciones a la ley de Compras y Contrataciones.
A pesar de que Indra Sistemas se comprometió a entregar el 15% de los equipos el 30 de septiembre de 2015 y el restante 85% el 15 de diciembre de 2015, la realidad es que la primera parte de los equipos llegó seis semanas antes de las elecciones.
PC demanda que la JCE rinda cuentas al país sobre el fracaso y enorme costo de la inversión realizada en el montaje de las elecciones. Reclama que se establezcan las responsabilidades
que sean pertinentes a la empresa Indra Sistemas y que el ministerio público y la Cámara de Cuentas inicien investigaciones que puedan determinar las negligencias en este proceso.
Como consecuencia de las decisiones de la JCE, y del contrato con esta empresa española, el voto dominicano se colocó por encima del costo de casi todos los países de la región. Cada voto emitido por los dominicanos costó al Estado la suma de 28.77 dólares. Argentina tiene un costo por voto de 41 centavos de dólares, Brasil de 29 centavos de dólar y México de 17.24 dólares.
El país está pagando las consecuencias de las decisiones de Roberto Rosario al frente de la JCE. De acuerdo con el informe final de las elecciones publicado por Participación Ciudadana, lo que hizo Roberto Rosario en la JCE es “una lección para el país y para el mundo sobre lo que NO debe hacer una persona que preside el organismo rector de un proceso electoral, imponiendo personalmente las decisiones fundamentales, con respaldo incondicional de otros dos de los cinco titulares de lo que se supone un organismo colegiado”.
En el caso de la JCE nadie puede alegar ignorancia o que no hubo advertencias de las barbaridades que allí se estaban cometiendo con el consentimiento de todo el liderazgo político e institucional del país.