José Luis Santono y Gabriel Jiménez, los principales ejecutivos del Banco Peravia, llegaron desde Venezuela como ciudadanos interesados en invertir en la República Dominicana. Adquirieron una entidad financiera en Baní, la mudaron a la capital, establecieron sucursales en Miami y en Santiago y se proyectaron como ciudadanos honorables.
Claro, desde 2011 hubo informaciones que llegaron a manos de las autoridades dominicanas sobre cuestionamientos éticos al pasado empresarial de ambos ciudadanos. Medios periodísticos de Venezuela insistieron en publicaciones sobre la ilicitud de ciertas acciones de Santoro y Jiménez, e incluso la embajada dominicana en Venezuela recibió notificaciones sobre casos específicos de corrupción en los que habrían participado los señores dueños del Banco Peravia.
Acento se hizo eco de las denuncias. Publicamos una historia que resumía algunas de las querellas contra Santoro y Jiménez. Insistimos en solicitar una entrevista, durante casi tres meses, y estos señores siempre se negaron a responder.
Consultamos con abogados expertos en temas financieros, y quisimos insistir en reclamar respuestas a las publicaciones del diario 24 horas de Venezuela, que acusaba de corrupción a los señores José Luis Santoro y Gabriel Jiménez. Mientras ellos se promovían como ciudadanos honorables y confiables, y se codeaban con sectores de la sociedad dominicana, sustraían ahorros de ciudadanos venezolanos y dominicanos que confiaron en la entidad financiera que dirigían. Por sugerencia de nuestros abogados, y atendiendo al criterio de la Ley Monetaria y Financiera es muy estricta respecto a las informaciones sobre la solvencia y calidad de las entidades que regula, optamos por no seguir publicando las historias.
Comenzaron a llegar las quejas de los venezolanos que depositaron dinero en el Banco Peravia. No les devolvían los ahorros. Es probable que mucho dinero venezolano que llegaba al Banco Peravia fuera producto del lavado de activos de la corrupción o de otras actividades ilícitas. Pero llegaron las querellas reclamando dinero depositado, y cuando llegaban a la docena, la Junta Monetaria comenzó a preguntar qué pasaba. Los datos comenzaron a fluir, pero las autoridades del Banco Central y la Superintendencia de Bancos se negaron a tomar la decisión de cerrar la entidad para dar tiempo a una negociación. Craso error. Los ejecutivos del Banco Peravia recogieron y se marcharon del país, con absoluta tranquilidad e impunidad.
El país sufrió la experiencia terrible del fraude bancario del 2003, y debió aprender que casos como estos hay que sanearlos a tiempo. Una acción de los ejecutivos del Banco Peravia fue tratar de eliminar las huellas de su historial delictivo. A Acento llamaron con insistencia solicitando que las informaciones publicadas sobre ellos, que les eran desagradables, fueran eliminadas de la web. Por supuesto, nunca aceptamos esa solicitud. La información que querían eliminar era esta: http://acento.com.do/2013/actualidad/39725-vinculan-al-banco-peravia-en-lavado-de-recursos-ilicitos-de-venezuela/, publicada el 22 de enero del 2013.
El tema merece una reflexión. Los medios de comunicación ayudan a higienizar las actividades, en especial las del sector financiero y gubernamental, pero los límites para el trabajo de los periodistas son abundantes. Es un caso en que las autoridades no quisieron tomar medidas preventivas, ni presumir que los denunciados eran irresponsables. Ahora comienza a fluir información de que se llevaban el dinero de los ahorrantes y evadían la supervisión de las autoridades. No hay excusas, mientras tanto, en especial para justificar la inacción oficial frente a más de 5 mil ahorrantes del Banco Peravia.
José Luis Santoro y Gabriel Jiménez se marcharon. Ahora habrá que perseguirlos, confiscarles las propiedades que adquirieron, liquidar los bienes del Banco Peravia. Las pérdidas, que podrían ser muchas, las tendrán que asumir los socios dominicanos de la entidad, muchos de los cuales vienen desde la fundación del banco en Baní.
Esa es la ley, y habrá que cumplirla, porque los ciudadanos que ahorraron no pueden ser las víctimas de este robo ante los ojos de las autoridades.