A través de su editorial, este periódico clamaba ayer porque se inicie cuanto antes una profunda reforma congresual, iniciativa impostergable si es que se quiere dotar a nuestra democracia de un órgano que la fortalezca y enriquezca.
Sería prolijo enumerar el compendio de falencias que acusa el Congreso Nacional como órgano que a mas de legislar, ha de ser natural contrapeso de otros poderes y debe fiscalizar la buena marcha en la conducción del Estado, uso de dineros públicos incluidos.
Cuestionable cuando no ausente separación del Poder Ejecutivo, festinación en el análisis y elaboración de leyes, notable ineficiencia del trabajo legislativo por frecuentes ausencias, desidia e indisciplina. La lista es larga, pero también irritante al considerar que se trata de funcionarios públicos que devengan lujosos salarios.
Baste, pues, citar un caso para que se justifique, nueva vez, la urgente reforma del Congreso que garantice una democracia más eficiente y equilibrada.
Ese caso es el de la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de una ley que exoneraría a los partidos de ser sujetos de responsabilidad penal.
Políticos de primera línea como lo son, los diputados que levantaron su mano para apoyar este despropósito ignoraron, o sabiéndolo les importó un bledo, que la Constitución prohíbe legislar en beneficio propio.
Pero también legislaron a favor de una ley que desdeña el hecho cierto de que los partidos reciben dinero del Estado y, como tal, están obligados a hacer buen uso de él.
Esa ley, un amasijo de malas intenciones, no puede describirse de otra manera que no sea como un instrumento jurídico para proteger a potenciales políticos que mañana delinquirán desde unos partidos que no podrán ser juzgados como eventuales delincuentes. Un contrasentido colosal.
No ha sido la primera vez que legisladores se confeccionan trajes a la medida para acomodar las leyes a sus particulares intereses y proyecciones político-personales. Y los ha habido que se enfundan en el traje y status del legislador para con su inmunidad escudarse de posibles sometimientos judiciales.
Los partidos, como actores relevantes que son del sistema democrático, debieran ser los primeros en propiciar el que sus dirigentes y miembros observen una conducta diáfana. La responsabilidad de estas organizaciones no puede ni debe soslayarse, toda vez que en su seno alberga hombres y mujeres que activan en la vida pública siguiendo sus principios y estatutos.
Una ley como la que comentamos no podría menos que ser vista como un aliento para fomentar la corruptela. Porque su elaboración habla muy mal de legisladores que deberían afinar su responsabilidad legislativa para estar más a tono con un país que espera de ellos algo más que leyes mostrencas y ligereza de actitudes.
Algo más que barrilitos y cofrecitos.