El Ministerio de Interior y Policía, con el apoyo del Ministerio Público, deben hacer un gran esfuerzo para investigar y poner en manos del sistema de justicia el tema del tráfico de armas, auspiciado ilegalmente por un general responsable de Material Bélico de las Fuerzas Armadas, y por un oficial propietario de una armería en Santiago.
Ya Interior y Policía decidió cerrar la armería Heptágono, de Santiago, que se utilizaba supuestamente como vía para el tráfico de armas. Un decreto del poder ejecutivo prohibe la comercialización de armas desde el 2006. El decreto 309-06, emitido por Leonel Fernández, prohíbe la importación de armas para la comercialización.
Y resulta que el responsable de la guarda de las armas de fuego que entran al país, y responsable de proteger y salvaguardar las armas que utilizan los militares y policías, el general Cordero Batista facilitaba a la armería Heptágono un procedimiento ilegal para que pudiera vender armas en todo el territorio nacional. Las armas eran adquiridas legalmente en los Estados Unidos y entradas en forma ilegal a la República Dominicana, cambiando o falseando el formulario de entrada al país, a través del cambio de la fecha, para hacer que las armas parecieran importadas antes del decreto 309-06.
El procedimiento parecía fácil. El representante de la armería Heptágono era un coronel activo del Ejército Nacional, de nombre Manuel Guzmán. Ambos oficiales, el general Cordero Batista y el coronel Manuel Guzmán, están siendo investigados por las autoridades dominicanas. Sin embargo, ya una agencia de los Estados Unidos hizo su propia investigación y ofreció detalles a las autoridades del Ministerio de Interior y Policía sobre las armas importadas, sobre los calibres de las armas y seguramente, no lo tenemos confirmado, informaron sobre las implicaciones terribles que esto podría tener para el país.
En primer lugar se trata de una violación flagrante de una disposición oficial del gobierno. En segundo lugar se trata de oficiales de las Fuerzas Armadas que se vincularon para defraudar al Estado y realizar una actividad ilícita. En tercer lugar estaban utilizando la autoridad que se le concedían las posiciones en las que fueron designados para un comercio ilícito, y en cuarto lugar falsearon documentos oficiales para aparentar una realidad “legal”.
Pero hay más. Y esto podrían investigarlo las autoridades nacionales, y recibir apoyo de las autoridades de los Estados Unidos. ¿Cuántas armas fueron introducidas al país con este procedimiento? ¿Desde cuándo se estaba traficando con armas, aprovechando la prohibición del presidente Leonel Fernández? ¿Cuál era el destino de las armas? ¿Se usaban esas armas para actos terroristas, atracos, crímenes o asaltos y secuestros? ¿Se exportaban esas armas a otros países? ¿Cuáles otros socios participaban de ese tráfico y cómo se beneficiaban? ¿Había oficiales dominicanos de alto rango que tuvieran conocimiento de ese tráfico y no lo reportaron a sus superiores?
La información publicada por Acento.com.do indica que Estados Unidos daba seguimiento y fue cauteloso en su investigación. “La investigación, que cuenta con la colaboración la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF por su sigla en inglés), se centra contra el general Cordero Batista y el coronel Manuel Guzmán”, dice la nota del periodista Julián Herrera.
Las autoridades dominicanas no se habían enterado del hecho, y sólo hasta el reporte de las autoridades de Estados Unidos han decidido cerrar la armería Heptágono. Lo correcto es que se profundice. El país podría ser víctima de ojeriza fundamentada por este tipo de comportamiento de los oficiales de las Fuerzas Armadas, y por la escasa cautela de las autoridades de Interior y Policía en supervisar las armerías del país.