Lo que hacen todos los gobiernos cuando inician una gestión es deslindar los campos con los intereses en conflictos. Los funcionarios que asumen responsabilidad en la administración pública deben poner en claro sus negocios particulares y realizar los cambios necesarios para que esos negocios no empañen su gestión en la administración de los bienes públicos.
Estados Unidos, por ejemplo, tiene una oficina especial para manejar los conflictos de intereses de los funcionarios designados, y en caso de claras colindancias, lo que se hace es designar una administración ciega de los negocios de los funcionarios. Es lo que ha ocurrido tradicionalmente y lo que acaba de ocurrir con una parte de los funcionarios de la administración de Donald Trump.
En el caso dominicano hay varias entidades designadas para evitar que esos conflictos de intereses dañen la gestión de los funcionarios y pongan en entredicho una administración gubernamental.
Entre esas entidades públicas se encuentran la Cámara de Cuentas, que supervisa las declaraciones juradas de patrimonio de acuerdo con la Ley 311-14. También existe la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y la Contraloría General de la República. Para casos de violaciones de esas normas existe la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, y las comisiones éticas en las diferentes oficinas públicas.
Si las instancias oficiales hubiesen funcionado como manda la ley el caso del Ingeniero Diandino Peña no habría llegado hasta este momento, con daño de la imagen del gobierno y con vergüenza pública para la persona directamente involucrada.
Alguien en el gobierno debió revisar las declaraciones juradas de bienes del ingeniero Peña, y saber que los datos aportados eran incompletos, a todas luces, y solicitar su corrección, o en el mejor de los casos denunciar la falsedad de documentos, para lo cual la ley contempla dos años de prisión.
El caso de las declaraciones juradas de patrimonio es patético. La Cámara de Cuentas ha dicho que hay más de cinco mil funcionarios que no han entregado ese documento. Es una violación flagrante a una ley, y es la Cámara de Cuentas la responsable de que esa ley se cumpla.
¿De qué vale hacer una declaración jurada de patrimonio si nadie la revisa después que usted la entrega? ¿Por qué Diandino Peña tiene numerosas declaraciones juradas y nadie las ha revisado ni le ha pedido ponderar la información que estaba facilitando? Entregue usted como funcionario público una declaración o no, de nada sirve, porque nadie las revisa ni se aplican las consecuencias de todas las mentiras que allí se dicen.
A nadie debe extrañar que la dirección agropecuaria del Partido Revolucionario Moderno esté denunciando que el ministro administrativo de la presidencia tiene serios conflictos de intereses con las importaciones de productos agropecuarios, y en particular con las importaciones de habichuelas.
Si lo que dice el PRM es verdad, José Ramón Peralta no debía estar ocupando la posición que ocupa en el Palacio Nacional. Lo que dice el PRM es que Peralta forma parte de una mafia con las importaciones de productos agropecuarios, y que gana millones de pesos y dólares en esos negocios. Y ha dicho más: que las ganancias de ese funcionario se han multiplicado por siete, después que ocupa el cargo.
Si eso es mentira, y habría que suponer que un partido opositor no se puede arriesgar a decir tantas mentiras de una sola vez, habría que pedir a los del Departamento Agropecuario del PRM que pidan disculpas a Peralta y al gobierno, y que se retracten de todo cuando han dicho, porque es difamatorio y abusivo, en particular contra uno de los más importantes funcionarios de este gobierno.
Si el Ministerio Público existiera, y fuera real el cumplimiento de la ley, seguro que asumiría la denuncia del PRM y pediría explicaciones al ministro Peralta, para bien del gobierno y del propio denunciado.
O este país es un relajo o la oposición perdió la brújula. ¿Usted, con cual de las dos se queda?