Las declaraciones del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, en el sentido de que están todos los implicados en los sobornos de Odebrecht en la lista de 15 personas imputadas, muchas de ellas apresadas, la mañana de este lunes, resultan controversiales.
El Procurador General fue repetitivo en el sentido de que en este caso no hay excepciones, y que no hay más imputados. Dijo que el curso de la investigación fue local e internacional, y que contó con la colaboración del Ministerio Público de Brasil y con la colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Son 15 las personas imputadas, y para el Procurador todas tienen serias implicaciones con los sobornos. Llamó a la sociedad a confiar en el trabajo del Ministerio Público. Dijo que los documentos ya estaban disponibles a través de la página de Internet de la PGR. No ha sido posible el acceso a esos documentos, porque la página ha estado fuera de línea.
Informó que la prisión preventiva que solicitará, como medida de coerción, será de 18 meses para todos los imputados, y que solicitará a la Suprema Corte de Justicia que el caso sea declarado complejo. Definió su trabajo como “sólido y sin fisura” para que el expediente no se caiga en los tribunales, y que la investigación realizada abarca los 13 años y 17 obras realizadas por la empresa Odebrecht.
La resolución 0037, emitida por la Suprema Corte de Justicia, ejecutando las órdenes de prisión solicitada por el Procurador General de la República, explica que Mariano Germán Mejía, presidente de esa corte, apoderó al magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, para dictar autorizaciones, órdenes y resoluciones pertinentes “en la investigación seguida por el Ministerio Público con la relación a obras públicas construidas y en proceso de construcción en el país por la empresa Constructora Norberto Odebrecht”.
Una buena parte de los imputados están relacionados con las primeras obras negociadas por Odebrecht en la República Dominicana, como el acueducto de la línea noroeste y la presa de Pinalito. El mismo Procurador General lo explicó en su declaración de este lunes: César Sánchez, Alfredo Pacheco, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez Hernández, Bernardo Antonio Castellanos de Moya, Máximo Leónidas De Oleo Ramírez.
En la administración de Hipólito Mejía apenas se aprobaron dos proyectos, y no se terminaron de ejecutar, porque pasaron a la administración del presidente Leonel Fernández. Eso fue apenas el 6% del monto total de 5 mil millones de dólares contratados. El restante 96% de los fondos y de los proyectos se ejecutaron en los gobiernos del doctor Fernández y en la administración actual, de Danilo Medina.
Las presidencias de las cámaras legislativas no han sido investigadas entonces, porque apenas incluyen a Julio César Valentín y Alfredo Pacheco, por los diputados, dejando de lado a otros que fueron protagónicos en los festivales de préstamos que pasaron por sus manos, y lo mismo habría que decir de la presidencia del Senado. ¿Cómo pudo el senador Tommy Galán tener más influencia que los presidentes del Senado en las gestiones de aprobación de préstamos por sobornos? ¿Andrés Bautista es procesable pero no los que pasaron los últimos años dando el sí a los préstamos de Odebrecht?
De la administración del presidente Medina se incluye exclusivamente a Temístocles Montás, actual ministro de Industria, Comercio y Pymes. No firmó contratos, no aprobó presupuestos, no ejecutó ningún programa, que se conozco, que requiriera la recepción de un soborno, a diferencia de los que sí firmaron y negociaron contratos con Odebrecht, que siguen en la administración actual.
Fueron cinco meses que tuvo el Ministerio Público para hacer su investigación. Parece deficiente, poco abarcadora, y con sesgo. Por más que el Procurador General diga que es seria su investigación, tiene el gran desafío de demostrarlo con los datos e imputaciones a los ya encartados, y que las sospechas de exclusiones sean definitivamente eliminadas por un seguimiento serio, correcto, transparente del Ministerio Público.