La sociedad dominicana insiste, en la última década, en la necesidad de seguridad para todos y cada uno de los ciudadanos que la conforman. Su insistencia en torno a este tema-problema no solo se ha reducido al plano personal, sino que ha tomado en cuenta la seguridad de las instituciones, por considerar que constituyen un soporte fundamental para el desarrollo nacional y para la estabilidad social. Esta preocupación por la seguridad personal e institucional es recurrente; y, cada vez más, se torna angustiante. Resulta paradójico que el avance en materia de seguridad ciudadana e institucional forme parte de los capítulos de la ciencia ficción, a pesar de los avances que aportan las estadísticas gubernamentales y las declaraciones de funcionarios encantados. Nos atrevemos a decir, con múltiples evidencias, que la seguridad es un concepto desgastado en nuestro contexto. Las consecuencias de este desgaste están carcomiendo los cimientos de instituciones como la familia y la escuela. Esta situación no tiene espera para ser revertida a favor de una estabilidad social e institucional permanente.
La familia es una institución que, como entorno primario de las personas, ha de garantizar protección a sus miembros. Pero resulta que en este espacio la seguridad se ha convertido en algo casual. La violencia doméstica sin control, el feminicidio ascendente y el incesto disparan la alarma a nivel nacional. Con respecto al incesto, los estudiosos del comportamiento humano están preocupados y son reiterativos en afirmar la urgencia de ponerle mayor atención a la institución familiar; también proponen la reducción o eliminación de la pobreza que la afecta, tanto material como espiritual. Estos profesionales hacen un llamado para que colectivamente se trabaje la recuperación de valores fundamentales en la institución familiar, tales como la unidad, el apoyo afectivo y la educación. Para avanzar en esta dirección, y hacer retroceder el descalabro familiar, es necesario que se pongan en ejecución políticas sociales públicas que asuman el desarrollo pleno de las familias como un compromiso de Estado. Si es así, el desarrollo y la seguridad familiar no dependerán del partido que gobierne la nación. Además, si es así, la institución familiar podrá superar muchas de las situaciones traumáticas que la afectan.
Consideramos que, para avanzar en esta dirección, los miembros que constituyen las familias, tienen que implicarse. Estas personas no pueden depender solo de agentes externos para resolver los problemas; necesitan asumir sus roles y funciones con responsabilidad y transparencia.
De otra parte, la escuela, tanto pública como la privada, también es objeto de preocupación. Este espacio va perdiendo encanto por su inestabilidad. Los problemas de la escuela pública se conocen con más facilidad que los de los centros privados, por el control que estos tienen de sus espacios y de su personal; pero la situación está cargada de problemas diversos. En la institución escolar se observa cómo crece la espiral de la violencia, el clientelismo político soterrado y abierto, así como la inseguridad personal de estudiantes y profesores. A esta problemática hemos de añadirle las tensiones vinculadas a la agresión sexual en el contexto escolar. No tenemos que asustarnos; lo que nos toca es actuar con rapidez. Es urgente la puesta en ejecución de procesos y estrategias que centren su acción en la transformación de culturas y de actitudes personales y colectivas en el ámbito escolar. Además, es necesario que los funcionarios posterguen sus aspiraciones presidenciales y se dediquen de forma integral a un trabajo que garantice educación digna y una escuela menos insegura, menos agresiva. El contexto escolar dominicano no resiste ningún tipo de distracción. Este ámbito requiere atención de calidad y mayor coherencia entre declaraciones educativas y realidad. Respaldamos todo lo que ayude a recomponer el tejido humano y educativo de la escuela dominicana.