La República Dominicana es un país hermoso de la región del Caribe. Su belleza natural activa las emociones de nacionales y de extranjeros. La diversidad de especies marinas; y su flora y su fauna la convierten en un lugar obligado para aquellos que desean desarrollar su sentido estético. Además, nuestro país es foco de atracción para los que necesitan disfrutar, sin condicionamiento alguno, de la paz que brota de cada una de estas expresiones de la naturaleza. El interés y la admiración adquieren mayor fuerza cuando se palpa la bondad y la sencillez del hombre y de la mujer del campo; cuando se experimenta la acogida y la solidaridad del ciudadano común. Tenemos razones para admirar a la República Dominicana; para trazar planes que nos permitan conocer sus lugares más recónditos.
Asimismo, tenemos motivaciones consistentes que nos inducen a redescubrir el lado más humano de la historia para encontrar solidaridad, heroísmo y compromiso de mujeres y de hombres, más allá de la coyuntura y más allá de sus intereses propios. La hermosura del país se convierte en síntesis en el pueblo dominicano; un pueblo que, conoce el dolor y la precariedad pero que sabe sonreír y bailar con un ritmo sin igual. La población dominicana ha mostrado sabiduría y audacia para transformar la adversidad en compromiso con el proyecto de nación; como fue, el trabajo de Duarte, de Sánchez y de Mella; como fue la respuesta del pueblo en 1963 y en 1965.
Los aspectos loables y de singular primor que posee el país son incontables. Pero en este hermoso país la seguridad ciudadana se esfuma vertiginosamente. Lo que está desvaneciéndose no es cualquier cosa. Es el derecho que tienen todos los ciudadanos de vivir, de moverse con libertad y sin temor de ningún tipo. Lo que está en crisis es la responsabilidad que tiene el Estado de velar por el cuidado de cada ciudadano y de las comunidades. Además, lo que está en peligro de extinción es la corresponsabilidad de todos los ciudadanos ante un problema que requiere el esfuerzo y la contribución de todos. El más alto nivel de responsabilidad está en los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; pero esto no exime al ciudadano con más o menos educación, de su compromiso con el bien común.
La seguridad ciudadana es un derecho en descuido, por lo que se le está dejando el escenario a los que se organizan para subvertir el orden; se le está dejando el espacio a los agentes de la violencia y de la transgresión de las leyes. En este contexto es apremiante el llamado a las autoridades para que despierten y actúen con eficiencia. Son incontables los indicadores que dan cuenta de una inseguridad ciudadana fuera de control. Con tal motivo, es preciso una acción intersectorial razonada; un trabajo que tenga como foco el bienestar ciudadano y que esté alejado del oportunismo político. La colaboración de las instituciones educativas, de las organizaciones sociales y de las iglesias no puede esperar. Ha de ser una contribución para potenciar el cuidado individual y colectivo; para recuperar los principios y valores que garantizan una vida ciudadana organizada y productiva. De ahí la necesidad de apurar la puesta en ejecución de políticas sociales que garanticen trabajo digno, salarios decentes; y equidad social y de género. Apresuremos el paso para que el derecho a la seguridad ciudadana vuelva a su cauce. Urjamos a los representantes del gobierno a que trabajen con acierto para que los dominicanos nos sintamos seguros. Mantengamos una vigilancia permanente para lograr que, tanto los tres poderes del Estado como los ciudadanos organizados y no organizados, actúen en la misma dirección, para erradicar el temor individual y colectivo que se va expandiendo. Todavía es posible. Es un desafío para todos.