El gobierno ha lanzado la propuesta de vender el 49% de las acciones de las plantas de carbón que construye en Punta Catalina, Baní, El estimado de la inversión del sector privado, que admitiría el gobierno sería de 1,000 millones de dólares.
La planta se construye con fondos públicos y con financiamiento del exterior. Las dos plantas aportarían 670 megavatios al sistema energético nacional, y se espera que entrarían en operación a finales del 2017, en caso de que fluyan los recursos que hacen falta.
Está claro que el financiamiento internacional de este proyecto no ha funcionado como fue planeado. El proyecto fue licitado y quien ganó fue un consorcio creado entre tres empresas reconocidas, dos extranjeras y una empresa internacional. Aunque hubo y sigue habiendo cuestionamientos a aquella licitación, hasta ahora el proyecto ha quedado liberado de los conflictos judiciales, por decisión de la Suprema Corte de Justicia.
Campos de Moya, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, ha acogido de buena gana la propuesta del gobierno de vender el 49% de las acciones. Y ha ido más lejos, luego de reunirse con el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta: Entiende que el gobierno debía jugar un rol como regulador del sector eléctrico, y como tal debía desinteresarse por completo de la inversión en generación eléctrica y dejar eso al sector privado.
Eso quiere decir que el sector privado dominicano estaría dispuesto a comprar la inversión total del gobierno en Punta Catalina, siempre que el gobierno se comprometa a comprar la energía que allí se genere.
Este punto debe ser discutido y el gobierno debía asumir una postura clara. O es inversionista, generador de energía, ser dueño de las empresas de transmisión y al mismo tiempo ser el propietario de las empresas distribuidores y comercializadoras de la energía, o es un ente regulador que impone las reglas del juego en un mercado en que quien más barato genere sea quien más venda, y por tanto quien mejor negocio haga.
Las fuentes de energía están ahí. El gobierno es propietario de las hidroeléctricas, que generan aproximadamente el 12 por ciento de la energía. Las empresas privadas han comenzado a producir energía eólica, limpia, renovable. Ya hay numerosas empresas que generan energía solar y que la venden al sector público. Y hay propuestas para generar energía de gas, mientras que Punta Catalina producirá energía a partir de carbón.
La fuente más barata será la más exitosa.
Al gobierno le convendría ejercer su rol de regulador del mercado, y así ayudaría con una fuerza que le daría el Estado, para proteger a la ciudadanía, y no siendo parte del negocio de generación, que no le permite suplir el servicio, cuando ya existen muchos actores con más eficiencia que él.
La otra cosa: el presupuesto del 2017 es deficitario. No hay recursos para seguir invirtiendo en Punta Catalina, y las plantas no se podrán concluir con el esquema actual. Si participa el sector privado en ese proyecto sería con la garantía de sacar beneficios, vendiendo a buen precio la energía que produzca. Mientras más barato la consiga, mejor será.
Tal vez valga la pena retornar al proyecto original de las plantas de carbón. Era el sector privado que las pondría en operación y el Estado garantizaba la compra de la energía. Al llegar Danilo Medina al Gobierno transformó el proyecto y lo convirtió en estatal. Admitamos que no se ha perdido el tiempo, que el proyecto está encaminado, y que apenas faltan 1,000 millones de dólares, o menos, que el gobierno no puede aportar en las condiciones en que se encuentra.
La otra opción es que el Estado venta, mediante subasta, el 51% de las acciones de la empresa, y permita que sea el sector privado que las administre. Muchas veces los costos del sector privado son menores que los costos del gobierno.