La agresión de la Policía Nacional, la madrugada de este martes, contra un campamento de partidarios de las tres causales, que se había establecido horas antes frente al Congreso Nacional, es un abuso de autoridad y una flagrante violación de los derechos humanos y las libertades ciudadanas.
A este hecho deleznable de la Policía Nacional, supuestamente porque se estaría violentando el toque de queda, se suma la entrega de dulces envenenados a las personas que están instaladas en el campamento por las tres causales frente al Palacio Nacional.
Los dos acontecimientos son una muestra de la intolerancia de los que quieren continuar con un Código Penal que sacrifica a las mujeres a seguir muriendo debido a una legislación antiquísima, un Código Penal de 1884, que niega absolutamente los derechos de las mujeres a decidir sobre su propia protección, y que también las condena a morir en casos de embarazos por incesto o violación, o con productos con malformación congénita o cuando la vida de la madre está en peligro.
Los radicales partidarios de este adefesio alegan ahora, sin información sobre la investigación que realiza el Ministerio Público, que los dulces contenían marihuana, y que los partidarios de las tres causales que llevan más de un mes frente al Palacio Nacional son consumidores de drogas. Una vulgaridad que nadie puede creer y que refleja en fanatismo y el odio contra las mujeres y los hombres que reclaman un derecho humano elemental, como es el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y el derecho a proteger su propia vida.
Y ahora, frente al abuso de los agentes policiales, probablemente estimulado por ellos o alguien cercano a ellos, que golpearon a las personas que se instalaron frente al Congreso Nacional, cuando ya dormían, y les destruyeron las casas de campañas que habían instalado, felicitan a los agentes abusadores de la Policía que protagonizaron el atropello.
Olvidan que fueron esos agentes policiales, o sus compañeros, los mismos que dispararon a mansalva el 31 de marzo contra varios evangélicos que salían desde Villa Altagracia y se dirigían a San Cristóbal, y los asesinaron sin mediar palabras, supuestamente tras la búsqueda de alguien que se había robado una pasola en Bonao.
Esa misma policía Nacional que asesinó a los jóvenes Elizabeth Muñoz Marte y Joel Díaz, que profesaban la fe evangélica, son los felicitados por los enemigos de las tres causales por reprimir ahora a los que apoyan las reivindicaciones de las mujeres y de gran parte de la sociedad dominicana que pide un cambio sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. El fanatismo no lleva a ninguna parte que no sea el abuso, el desquiciamiento y la arbitrariedad. Eso debían saberlo aquellos que se proclaman seguidores de Jesús y que ahora claman por violencia contra los que desean defender a las mujeres. Paradojas de la contra-historia.
El Sistema de Naciones Unidas en la República Dominicana emitió un comunicado que debe llamar la atención de los defensores de los derechos humanos. La Policía Nacional con sus actos ilegales y contrarios a los ciudadanos que reclaman está comprometiendo irresponsablemente al gobierno del presidente Luis Abinader, quien ha reiterado esta semana en España que es partidario de las tres causales.
Desde el Sistema de las Naciones Unidas rechazamos y condenamos todo acto de violencia y toda violación o amenaza de violación a los derechos humanos. En este sentido, destacamos la importancia de respetar el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, enfatizando que cualquier uso de la fuerza por parte de los agentes policiales sólo es procedente cuando es estrictamente necesario, en una medida equivalente al acto que se pretende disuadir, bajo las hipótesis que el ordenamiento jurídico establece y utilizando los procedimientos y medios reconocidos legalmente.
Esto es lo que dice Naciones Unidas en su comunicado. No es mucho lo que hay que repetir al respecto. Nos solidarizamos con este documento, y ratificamos nuestro apoyo al proceso que ha iniciado la Procuraduría General de la República para buscar la verdad sobre el atentado contra el campamento frente al Palacio Nacional.
El Sistema de las Naciones Unidas reitera que en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU), establecido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se recomienda a la República Dominicana promulgar las medidas legislativas necesarias para despenalizar el aborto en sus tres causales. En 2019, el Estado aceptó estas recomendaciones y se comprometió a implementarlas. La jurisprudencia de los mecanismos internacionales creados por tratados ratificados por la República Dominicana indica claramente que negar el acceso a la interrupción del embarazo a las mujeres, particularmente en las tres causales, viola los derechos a su salud, a su privacidad y, en ciertos casos, a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Asimismo reitera la importancia de asegurar el acceso a estos servicios, de conformidad con los estándares de derechos humanos, como parte de las obligaciones del Estado para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y garantizar el derecho de éstas a la salud, así como a su dignidad y otros derechos humanos fundamentales.
Dicho está.