Con todo el respeto que nos merece la Fiscalía del Distrito Nacional, y en particular su principal representante, Yeni Berenice Reynoso, entendemos que no se analizó en toda su dimensión el acuerdo con el el ex regidor del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), José Del Carmen Cruz, confeso falsificador y adulterador de medicamentos, para que pueda salir de la cárcel luego de estafar al Estado, dañar la salud de miles de personas, lavar activos y estafar al Estado como suplidor.
José del Carmen Cruz admitió que falsificó medicamentos, que lavó activos y que creó una asociación de malhechores para engañar al Estado, violando flagrantemente la ley general de salud y frustrando la recuperación de la salud de miles de pacientes a quienes se les administraban medicamentos falsificados, adulterados o vencidos, para engordar los bolsillos de este señor.
Las autoridades no establecieron la magnitud del daño que la práctica criminal de Del Carmen Cruz ocasionó a la ciudadanía. ¿Cuántas personas han muerto o quedado con daños permanentes en sus cuerpos a causa del consumo de medicinas vencidas o adulteradas por este confeso delincuente?
Es cierto que el acuerdo de la Fiscalía del Distrito Nacional tiene aspectos positivos, como la recuperación de por lo menos el 50 por ciento de los bienes del imputado, a quien se le impide negociar en el área de salud en los próximos 10 años. La condena que se le está aceptando será de 10 años, reduciendo de ellos el tiempo que lleva en prisión provisional, tomando en cuenta que supuestamente tiene un cuadro de salud complicado, con insuficiencia renal crónica y diabetes. Claro que si se toma en cuenta la situación de salud de miles de reclusos dominicanos, la mayoría debería recibir el mismo trato privilegiado que el señor Del Carmen Cruz.
Los otros imputados (Miguelina Martínez Adames, Michael José Cruz, Ana Luisa Cruz y Felipe Jesús Santos), también recibirán el beneficio del acuerdo, por la admisión del fraude cometido. Se les condona una deuda de 10 millones de pesos que tienen sus empresas con el Ministerio de Salud Pública. Se incinerarán los medicamentos incautados y se retienen por lo menos 100 millones de pesos que tenían en certificados financieros, 14 inmuebles y 7 vehículos, que serán subastados.
“Este es uno de los procesos a los que más seguimiento le ha dado la Fiscalía por la gravedad del mismo y por ser el caso más relevante del país en materia de medicamentos adulterados”, había expresado la fiscal del Distrito Nacional.
Suponemos que, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional, al cumplir la mitad de la pena José del Carmen Cruz y los demás imputados, a los que se les está pidiendo prisión por un año, quedarán en libertad y volverán a sus andanzas. La podrían hacer por la falta de seguimiento de las autoridades y por las múltiples formas que existen para evadir la observación oficial.
Nadie debe olvidar que José del Carmen Cruz tenía empresas dedicadas a vender medicamentos al propio ministerios e Salud Pública, y que eso se hacía por conveniencia política, porque compartía ganancias con empleados del Ministerio, o porque los niveles de supervisión podrían ser muy débiles para detectar lo que estaba a la vista de todos: Que Cruz falsificaba medicamentos, y Nuria Piera hizo un reportaje y lo presentó con lujo de detalles, lo que obligó a las autoridades a detener el fraude.
La Fiscalía del Distrito Nacional está llegando a un acuerdo para facilitar la libertad de los violadores de la ley. Un falsificador de medicamentos no es un violador cualquiera. Vende algo que no sirve y que podría hacer daño a quien lo utilice, pero que al mismo tiempo impide que la persona recupere su salud si tomara el medicamento correcto, y por otro lado, pone en riesgo los propios servicios profesionales de salud del Ministerio del ramo. Es un crimen triple o cuádruple. Y quien lo comete es consciente de que está cometiendo varios crímenes a la vez.
Este perdón de la Fiscalía no es buen ejemplo. No ayuda a poner ejemplo entre los suplidores de medicamentos del Estado.
Por otro lado, este perdón se concede sin que se haya realizado una investigación sobre la cantidad de personas afectadas, incluso fallecidas, como consecuencias de las actividades de José del Carmen Cruz y sus socios. Las consecuencias de sus actos se suponen, pero no se han investigado. Y lo que el Ministerio Público está perdonando es un crimen que podría tener una gran cantidad de fallecidos -lo desconocemos- sin que el responsable pague por sus hechos en correspondencia con el mal causado.
Este tipo de delito criminal no puede admitir acuerdos tan poco razonados como el que le está concediendo la Fiscalía del Distrito Nacional a José del Carmen Cruz y a sus socios.