El país está en condiciones de comenzar a pagar una gran deuda social con las mujeres, restableciendo el contrato social, como propone el Informe Attali, y colocar a las mujeres en el centro del desarrollo del país. Este es uno de los ejes temáticos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Tanto el informe Attali como la Estrategia Nacional de Desarrollo se encuentran en los mejores documentos sobre los pasos a seguir, pero en un lamentable y desvergonzado olvido.
Las acciones que se desprenden de este componente, la mujer como centro del desarrollo, se incluyen bajar los embarazos en adolescentes con políticas acertadas y eficientes y elevar de 15 a 16 años la edad legal de consentimiento sexual de las niñas, de modo que sea igual edad que la de los niños.
También establecer la paridad de hombres y mujeres en funciones electivas y en los consejos de administración de las instituciones públicas. Otorgar más poder al Ministerio de la Mujer para que sea quien protagonice la ejecución de estas políticas.
El Informe Attali también hace las siguientes recomendaciones que siguen siendo pertinentes y oportunas, en relación a las oportunidades que tiene el país para crecer social, política y económicamente:
Reformar la Cámara de Cuentas para dotar al Estado de más control externo eficaz y eficiente, así como disponer que los miembros de la Cámra de Cuentas publiquen cada año los datos sobre su propio patrimonio.
Reformar el financiamiento a los partidos políticos para que sea más transparente, y que se elabore una ley que prohiba las donaciones procedentes de personas jurídicas, que limite las donaciones de personas físicas a 6,000 dólares y que obligue a publicar los nombres de los donantes.
Que se elimine el barrilete como práctica y que se cree un presupuesto de respaldo a la democracia. Esto incluye aprobar una ley que limite la utilización de los recursos públicos al mantenimiento de una oficina local para permitir los encuentros ciudadanos, y realizar un control estricto por parte de la Cámara de Cuentas, que debe ser público, sobre la utilización del presupuesto de cada senador.
Imponer la transparencia en los contratos públicos, y realizar una auditoría anual basada en el observatorio de los contratos públicos.
Limitar el secreto bancario y aplicar las reglas definidas por la Organización para el Desarrollo de la Competencia (OCDE). Esto incluye modificar la ley monetaria y financiera para permitir a la administración fiscal y a la justicia un acceso sistemático y directo a los datos bancarios.
Reforzar la prensa y facilitar el acceso a la información. Esto incluye despenalizar los delitos de prensa, crear un fondo para asistir a los periodistas en caso de procesos judiciales, prohibir que el Estado emplee periodistas contratados en los medios, facilitar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información.
Aclarar el rol y la acción del del Banco Central. Esto incluye vender los bienes raíces del Banco Central no relacionados con su actividad principal y modificar la Ley del Banco Central para derogar la función de publicación de las estadísticas oficiales, transfiriendo los recursos técnicos a la Oficina Nacional de Estadísticas.
Y finalmente, aplicar la ley de presupuesto para alcanzar una gestión por resultado. Esto incluye introducir los contratos de resultados y desempeños para planificar las políticas públicas y gestionar las asignaciones de presupuesto y realizar un control eficaz.
Estas ideas y propuestas tienen seis años, desde que fueron entregadas a las autoridades. Tanto por el autor principal del documento, contratado por el Estado, como por la calidad de los miembros de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana, que le acompañó, es necesario rescatar los fundamentos de este extraordinario enfoque.