Los miembros de la Cámara de Cuentas cometieron una infracción a la Constitución y a las leyes que le rigen, al disponer exagerados aumentos de sus salarios, obviando la realidad que ellos mismos habían revelado en numerosas ocasiones en que les fueron solicitadas auditorías a proyectos como la construcción de las plantas energéticas en Punta Catalina o la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA): Que carecen de recursos para esas auditorías.
Han pasado ya casi dos semanas del aumento de salarios de los miembros de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Diputados decidió que requeriría informaciones al presidente de la entidad, Hugo Alvarez Pérez. Hubo una carta del señor Alvarez Pérez al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, en la que se explica que los salarios fueron aumentados como parte de un cronograma ya aprobado por ellos mismos.
Participación Ciudadana sugirió un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, como ya se hizo en el pasado a otros miembros de esa misma entidad, que debieron renunciar ante el rechazo colectivo al aumento de los beneficios que se hicieron. Ahora es posible que se repita ese juicio, porque se trata del mismo comportamiento ilegal y abusivo con los fondos públicos de una entidad creada precisamente para proteger el patrimonio del Estado.
Participación Ciudadana dijo que se viola el artículo 140 de la Constitución y el artículo 12 de la Ley 105/13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, “lo que resta legitimidad y calidad legal y moral a tales miembros para continuar encabezando el máximo órgano del Sistema de Control y Auditoria del Estado”. Por ello se justifica el juicio político.
El artículo 140 de la Constitución, de acuerdo con PC, “establece en forma enfática que ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados”.
El salario del presidente de la Cámara de Cuentas pasó de 350,000 pesos a 423,500 pesos. Los demás miembros recibieron aumentos que llevaron sus salarios hasta 379,097 pesos.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) también cuestionó duramente el aumento salarial. Ha dicho la entidad observadora del sistema institucional dominicano lo siguiente:
“Desde FINJUS entendemos que a la luz del ordenamiento legal vigente, la actuación de la Cámara de Cuentas se suma a una serie de decisiones adoptadas por los órganos públicos, que lamentablemente se han caracterizado por ser inoportunas, desconsideradas, descoordinadas, incoherentes y cuestionables, que refuerzan las percepciones sociales que alimentan la falta de credibilidad en las promesas estatales de practicar la austeridad, cultivar la eficiencia y mejorar la comunicación hacia la sociedad”.
Por ello, apostamos a que no haya olvido con este aumento salarial dispuesto unilateralmente los los miembros de la Cámara de Cuentas.
Y que los diputados no olviden su rol de llamar la atención, o de cuestionar mediante un juicio político, a los responsables de entidades públicas que, como la Cámara de Cuentas deben proteger el patrimonio público, no dilapidarlo o distribuírselo entre un grupo de privilegiados.
Si los diputados no hacen el juicio político, invitamos a entidades de la sociedad como Finjus y Participación Ciudadana, y a movimientos sociales como Marcha Verde o Masada, a proceder con un juicio de carácter social, ampliamente divulgado por todos los medios posibles, que represente una condena del país a este procedimiento irregular.