La petición que hicieron a la Junta Central Electoral los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y de la Liberación Dominicana (PLD) para que permita a las organizaciones completar y presentar sus boletas electorales sin acoger la norma administrativa y la ley que dispone la asignación de la cuota femenina del 33 por ciento a las mujeres, resulta contraproducente.
La ley es la ley, en primer lugar, y no es posible que haya acuerdos para violar la ley o que se sugiera al organismo responsable de aplicar la legislación electoral que auspicie su violación. Si queremos ser una democracia respetada, si luchamos por un país con Estado de Derecho y con institucionalidad política no es admisible algo como lo sugerido por estas fuerzas políticas. Sería la sinrazón y la admisión del fracaso del sistema electoral dominicano, que día a día ha ido incorporando avances y tecnologías para perfeccionar su sostenibilidad.
De la elección que se realiza cada cuatro años depende la gobernabilidad y dependen la tranquilidad y la paz en la República Dominicana.
Por tanto, la Junta Central Electoral debe desoír esta propuesta. Si los partidos políticos han realizado alianzas, comprometidos candidaturas con otras fuerzas políticas, y tienen militantes que han realizado inversiones durante los últimos tres años para conseguir una posición electiva, que ahora le niegan, no tienen que ser las candidaturas femeninas las que sean sacrificadas para cumplir con esos compromisos.
La democracia tiene que funcionar con la rigurosidad y la formalidad de la ley. Y no es posible admitir pactos para violar ninguna disposición legal.