Desde que se aprobó la ley 87/01, que creó el sistema de seguridad social, se han realizado numerosos parches que han desfigurado el sistema previsional, y particularmente destruido la puerta de entrada al sistema, que era por vía de la atención primaria.
Los gobiernos permitieron que se destruyera la atención primaria porque los profesionales de la salud, y en particular las sociedades especializadas, no querían el nuevo sistema de referencias, a partir de los centros de atención primaria, que racionalizaba y disminuía los costos. Hemos vuelto al viejo sistema, en que las personas, sin orientación, acuden a los especialistas, cuando un médico general podría atenderle y buscarle solución a sus quebrantos.
Los médicos generales son innecesarios con este esquema, y todo el mundo está obligado a especializarse, y las especialidades tienen un costo mayor para todo el mundo, y para el país. Son pocos los hospitales de especialidades, pero los países que los tienen han establecido políticas. Ningún país afronta sus problemas de salud al costo que lo hacemos los dominicanos. Más del 30% del presupuesto familiar se va en atender los problemas de salud.
Ahora el gobierno quiere destinar parte de los fondos de pensiones para estimular el nuevo banco que surgiría del actual Banco Nacional de la Vivienda. En el pasado se aprobaron otras leyes para especializar parte de los fondos de pensiones para viviendas de bajo costo y para estimular la educación.
El gobierno debe saber que esos fondos, aunque está disponiendo de ellos, son parte del ahorro nacional, y pertenecen a los ahorrantes que han sacrificado sus ingresos para crear una cantidad de dinero que ahora ronda por alrededor de los 270 mil millones, de los cuales el gobierno tiene la mayor parte en algunos de sus instrumentos financieros.
En el Congreso Nacional reposa una pieza que busca retener los fondos de pensiones de las personas por encima de los 60 años y que no califican para recibir una pensión. Ese dinero hay que devolverlo a quienes entregaron los fondos y por ley no es posible arreglar ningún pacto para legalizar el despojo.
Es un tema delicado. El país no debe apostar a la sinrazón ni al despojo con estos procedimientos. Pensemos con justicia y retomemos que sistema de seguridad social con las buenos intenciones con que fue concebido.