La Procuraduría General de la República depositó ante la Suprema Corte de Justicia una serie de documentos sobre el caso Odebrecht, que debían permitir a las autoridades ampliar el abanico de la investigación sobre el soborno que supuestamente por 92 millones de dólares hizo la empresa en la República Dominicana durante 14 años.
Y parece ser que el Ministerio Público tiene desde hace tiempo ese documento, pues fue incluido entre los recibidos de Odebrecht para la firma del Acuerdo de Lenidad que posibilitó que nadie del personal de la empresa brasileña sea Imputado en la República Dominicana.
La copia recibida por Acento tiene un sello de la PGR que confirma que ese documento es válido, y que se identifica con el código 001-7102-1752345-6. El mismo documento tiene también el sello de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, y en él se identifica a los empleados de Odebrecht Luiz Eduardo Da Rocha Soares, como número 48, y Marco Antonio Vasconcelos Cruz, como número 54, los cuales hicieron delaciones premiadas en Brasil y fueron transmitidas, las delaciones a las autoridades dominicanas.
En su relato a las autoridades de Brasil el señor Luiz Eduardo Da Rocha Soares admite haber trabajado para Odebrecht entre 1989 y 2014, en el área financiera-administrativa. Y los países en los que estuvo fueron Chile, Argentina y Angola hasta que en 1999 pasó a ser tesorero internacional de la empresa.
Dice que en la República Dominicana asistió al gerente de país, Marco Vasconcelos Cruz “en los pagos paralelos que serían debidos en razón de varias obras en la República Dominicana”. Menciona que los pagos se hacían al señor Angel Rondón Rijo, “intermediario que distribuía los valores a gobernantes de la República Dominicana”. Admite que se pagaron valores paralelos a varias empresas relacionadas con Víctor Díaz Rúa y el abogado Conrado Pittaluga.
¿Qué se debe entender cuando este testigo dice que se distribuían valores a “gobernantes” de la República Dominicana”? Tal vez el Ministerio Público hizo una interpretación de esta delación, y entiende como “gobernantes” a senadores, diputados y dirigentes políticos.
Sin embargo, este documento parece referirse a los presidentes dominicanos Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. El Ministerio Público ha debido entrevistar o interrogar, como parte del debido proceso, a estos líderes dominicanos, para que arrojen luz sobre el caso, que es considerado el más grave en la historia de corrupción de la República Dominicana.
Tal vez el Ministerio Público debió solicitar al señor Luis Eduardo Da Rocha Soares como testigo, para que como tesorero internacional de Odebrecht, ampliara las informaciones sobre “los gobernantes de la República Dominicana” que recibieron cuantiosas sumas de dinero de parte de la empresa Odebrecht, como pago por las obras ejecutadas en el país.
Hipólito Mejía produjo un discurso al país sobre el tema Odebrecht y ofreció amplias informaciones sobre los casos que él conoció y se puso a la orden de las autoridades, pero nunca fue requerido. Leonel Fernández escribió un artículo sobre la corrupción de Odebrecht, con una interpretación teórica y abordando sólo lo ocurrido en Brasil, sin tocar absolutamente nada de lo ocurrido durante sus gobiernos (1996-2000, y 2004-2012). De Danilo Medina hay que recordar que se comprometió a que en esta investigación no habrían vacas sagradas, y no es ni siquiera imaginable que el Ministerio Público lo requiera, pese a que se han presentado varias instancias de entidades de la sociedad civil pidiendo que él sea interrogado.
Los documentos que hemos citado en este caso están en manos del Ministerio Público y de la Suprema Corte de Justicia. Esperemos que el 9 de junio el Ministerio Público revele los datos que ha prometido el Procurador General, Jean Alain Rodríguez, en el sentido de que “todo está listo” para hacerle frente a los sobornos de Odebrecht.