El Centro Casas Comunitarias de Justicia acaba de cumplir 15 años. Se trata de nueve Casas Comunitarias de Justicia en 8 municipios, y que cuenta con el apoyo logístico de la Suprema Corte de Justicia y del Movimiento Cívico Participación Ciudadana. Estos espacios resuelven los temas de justicia, de forma justa e integral, sin que se enrolen en los procesos formales del Poder Judicial.
Cuando esta idea comenzó, y se formalizó como proyecto, jamás se pensó que tendría los resultados que 15 años después presenta el trabajo de profesionales del derecho, la psicología y la investigación social. Es poco lo que se sabe de la dimensión y del impacto de este esfuerzo, que ya abarca a 424 mil personas, el 51% de ellas mujeres y 49 % hombres, que han sido atendidas en las unidades de mediación, conciliación, orientación legal, psicología, municipalidad, educación ciudadana y articulación comunitaria.
Para que se entienda cuál es el impacto que tiene este trabajo de la solución alterna de conflictos, antes de que se judicialicen, estas Casas Comunitarias de Justicia recibieron 80 mil casos de partición de bienes, deudas, manutención, herencia, entre otros, y un 95% de los usuarios del servicio respondieron estar satisfechos por los servicios recibidos.
Además de este trabajo de gran impacto e incidencia en las familias de los barrios donde operan las Casas Comunitarias de Justicia, 4,500 personas han sido capacitadas en derechos humanos, acceso a la justicia, prevención de violencia, y personal de entidades públicas y privadas han recibido capacitación. Estas acciones son independientes de la participación de 5 mil líderes comunitarios en articulación de acciones en sus lugares de residencia, además de la creación de una Red de Promotores de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y la Municipalidad.
Las Casas Comunitarias de Justicia se encuentran ubicadas en el Distrito Nacional, en Santo Domingo Oeste, Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, Moca, Mao y Puerto Plata.
Esta organización, que coordina José Ceballos y que cuenta con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia, ha sido reconocida en numerosas ocasiones, incluyendo uno de los premios de Brugal Cree en su Gente.
Aún en medio de la pandemia de Covid-19, las Casas Comunitarias de Justicia no han detenido su trabajo. Concilian conflictos, realizan un trabajo de pacificación de los conflictos más divisorios en las comunidades y en las familias, y hacen su trabajo calladamente, sin alharaca, y sin reclamar reconocimiento a las entidades que participan y sostienen, como son la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público, los ayuntamientos, empresas del sector privado, centros educativos y organizaciones de la sociedad civil.
Si hay algo que pudiera solicitarse en este momento a las instituciones que inicialmente brindaron apoyo a las Casas Comunitarias de Justicia, es que mantengan y amplíen ese apoyo. Se trata de un trabajo que necesita expandirse para que el resultado siga teniendo un efecto de pacificación de los barrios, en medio de la crisis que representa la pandemia. Precisamente en este momento en que la justicia se adecúa a una nueva realidad, principalmente por la virtualidad que se ha impuesto, es necesario que los mediadores de las Casas Comunitarias de Justicia sigan siendo una especie de colador para que sean cada vez menos los casos que se judicialicen. Cada judicialización representa un costo para el Estado. Es mejor invertir en la prevención, vía la solución alterna o la mediación previa, y que este trabajo lo realicen profesionales como los que trabajan en las Casas Comunitarias de Justicia.
Felicitamos a José Ceballo, y con él a todos los miembros de su equipo, así como a la Suprema Corte de Justicia, a Participación Ciudadana, el Ministerio Público y a todas las demás instituciones que han mantenido y mantienen su compromiso con la mediación y la solución alterna de conflictos. Este paso tiene que ampliarse y la mejor manera de hacerlo es a través de los centros de mediación y las Casas Comunitarias de Justicia.