Las pruebas que está presentando la oposición, y que ponen en evidencia en desorden que hubo en las elecciones del pasado 15 de mayo, son un mentís contundente a la fama que consiguió el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, viajando y promoviendo a nivel internacional la idea del más eficiente organismo responsable de procesos electorales del continente.
El desorden no pudo ser mayor. Las quejas ya no se pueden calificar como el siempre presente derecho al pataleo de los que perdieron las elecciones. Quien participa de una elección y descubre un patrón sistemático de manipulaciones fraudulentas, como dicen los opositores, tiene derecho a reclamar que se atienda y se revisen los documentos que ellos están entregando.
La oposición acusa a la JCE de haberse empeñado “en boicotear el conteo manual establecido por la ley a pesar de que en respuesta a las demandas de la oposición había aceptado aplicarlo”.
Una elección con un cuadro de irregularidades como las que han mostrado los dirigentes opositores, están en un muy serio cuestionamiento. El presidente Danilo Medina, reelecto en esta elección debe estar preocupado por la cantidad de irregularidades que se están detectando. Independientemente de que haya obtenido el 61 por ciento de los votos.
Una elección con tantas irregularidades también deja dudas sobre los porcentajes que se asignan. Si hay exceso de concurrentes en muchas colegios electorales, cuyos sufragios no aparecen registrados en la boleta A (presidencial), lo que se está diciendo es que en este nivel hubo irregularidades. Miles de votos que faltaron es una gravísima acusación que debe responder con datos ciertos la JCE.
La JCE inició el conteo electoral de resultados con datos electrónicos, pero esos datos fueron interrumpidos cuando la base de datos apenas llegaba al 27% del escrutinio. No hubo más datos. A partir de ese momento se siguieron suministrando datos del escrutinio manual. No hubo aclaraciones sobre este procedimiento. Se ha demostrado que hubo muchas diferencias entre las actas manuales y las actas electrónicas, en una cantidad que la oposición dice que podría ser superior al 60% de las actas recibidas por ellos.
Hay un número significativo de colegios donde los votos emitidos en la boleta A (presidencial) es menor a los votos emitidos en la boleta B, (municipal). A cada ciudadano se le entregaban tres boletas para votar. No es posible que un colegio electoral, y hay muchos así, haya sólo un voto en el nivel presidencial y 451 votos en el nivel municipal.
Hay además muchas actas con más votos emitidos que los inscritos en colegios electorales. Es un patrón que ocurre en muchos lugares. Por ejemplo, un colegio electoral en Bonao donde se emitieron 833 votos, pero el colegio electoral tiene solamente 416 electores concurrentes.
Lo mismo ocurre, como preocupación con el trasiego de votos de un partido hacia otro, pero siempre perjudicando a la oposición y favoreciendo al partido de gobierno. Es un caso insólito, por ejemplo, que el Partido Socialista Verde (PASOVE) haya obtenido 114 votos en el colegio electoral 192A, del Distrito Nacional, y que el Partido Revolucionario Moderno obtuviera 0 votos en ese mismo colegio, o que en el colegio 109 de Yamasá el Pasove haya alcanzado 108 votos y el PRM 2 votos.
Eso y mucho más, que a cada momento brota como nueva información, requiere una respuesta clara, transparente, cierta, que no deje dudas, de la JCE como organismo responsable de organizar las elecciones. La legitimidad de las nuevas autoridades depende de la transparencia de su elección.