La Policía Nacional ha forjado ya una tradición con la cancelación de miembros que se dedican a actividades delictivas, y que resultan puestos en evidencia y el Consejo Superior de la PN recomienda al Poder Ejecutivo su cancelación.
En jefaturas anteriores a la del mayor general Manuel Castro Castillo fue notorio, en ocasiones, que se convocaba a reuniones de oficiales y miembros de la PN, para públicamente disponer la cancelación deshonrosa de algún miembro descubierto en algún crimen o robo, y se le quitaban las insignias y se le degradaba ante sus compañeros de oficio.
Ahora el procedimiento es otro. Resulta menos truculento. El organismo colegiado de la PN, llamado Consejo Superior, toma decisiones administrativas y las decisiones que corresponden al presidente Medina se las solicitan, como es la cancelación colectiva de un grupo de miembros que han roto con las normas éticas y las responsabilidades legales de cuidar el orden público y proteger los bienes ajenos.
La pasada semana el Consejo Superior de la PN recomendó al presidente Medina, y éste de inmediato aceptó, la cancelación de 30 agentes, con sanciones disciplinarias incluidas, por mala conducta que ponen en serias dudas a la sociedad sobre la calidad del servicio policial con que cuenta el país.
Entre los oficiales cancelados por recomendación del Consejo Superior se encuentran los implicados en el robo de más de 950 kilos de cocaína y que pertenecían a la Dirección Central Antinarcóticos de la PN (DICAN).
Entre los delitos que se atribuye a los 30 cancelados se encuentran el vínculo con drogas, robos, extorsión a ciudadanos, estafa, abuso de confianza, actuación negligente y falta de tacto, además realizar operativos no autorizados, poner en libertad a detenidos sin notificar al Ministerio Público, entre otras actuaciones vergonzosas.
Entre los cancelados hubo un coronel, un teniente coronel, tres mayores, cuatro capitanes, cinco primeros tenientes y seis segundos tenientes. Aunque la sociedad conoce los nombres de los implicados en algunos de los casos que han sido motivo de escándalos, la información no facilitó los nombres de los cancelados. Es bueno que la gente registre los nombres, y que queden en la memoria colectiva o en los archivos periodísticos.
Es frecuente que la Policía Nacional reciba entre sus filas a personas que han sido canceladas meses o años atrás por delitos como estos. El tiempo cura la afrenta, y estas personas vuelven a ejercer funciones de autoridad, pese a sus vínculos con el crimen y el narcotráfico y otros delitos. Es posible que alguno se reivindique y cambie de forma de actuar. Sin embargo, en el caso de los oficiales y policías, vuelven porque conocen el sistema y se escudan bajo apellidos diferentes o utilizan otras estratagemas o enllavaduras para reinsertarse. Y vuelven a delinquir. Por eso es bueno que la gente tenga los nombres de los cancelados por el presidente Danilo Medina.
¿Cuántos oficiales activos tiene la Policía Nacional, incluso algunos con altas responsabilidades, que en el pasado fueron despedidos, cancelados, sometidos a la justicia por delitos criminales, incluyendo casos de drogas?
Esa pregunta debían hacerla los miembros del Consejo Superior de la Policía Nacional, porque si hay un caso que este organismo debía evitar que se repita, a toda costa y bajo cualquier circunstancia, es el del DICAN, que todo el mundo ha considerado como uno más de los tantos que allí se producen.
Ya hemos visto situaciones parecidas en San Cristóbal, donde han cambiado dotaciones enteras de la Policía, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y siguen repitiéndose hechos bochornosos. O en Hato Mayor, donde los agentes de los organimos antinarcóticos, de la PN y del Ministerio Público, cobraban peaje como propietarios de puntos de drogas.
Que nada nos espante. Sencillamente se espera de la Policía Nacional que de muestras de que realmente desea hacer frente a estos actos vandálicos dentro de sus filas, para recuperar la confianza de la sociedad en cada uno de sus miembros.