La exclusión de 8 de los imputados por el Ministerio Público en el caso de sobornos pagados por Odebrecht, representa una rectificación que favorece al 57% de los implicados con las primeras evidencias. Con la inclusión de un nuevo imputado, Jesús Vásquez Martínez, queda la cantidad de implicados en siete personas que habrían sido las receptoras de los 92 millones de dólares pagados por la empresa brasileña entre los años 2001 y 2014, de acuerdo con el Ministerio Público.
Fueron excluidos tres miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (Radhamés Segura, Julio César Valentín y Temístocles Montás), dos miembros del Partido Revolucionario Moderno (César Sánchez y Alfredo Pacheco), un miembro del Partido Revolucionario Dominicano (Ruddy González), y un ingeniero, técnico y especialista en temas eléctricos (Bernardo Castellanos), además del ingeniero y especialista Máximo D Óleo Montero.
Han quedado como imputados, luego de un año de investigación por parte del Ministerio Público, los señores Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arzeno, Andrés Bautista García, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez Martínez.
Víctor Díaz Rúa es el secretario de Finanzas del PLD y sigue al ex presidente Leonel Fernández, Tommy Galán es senador por San Cristóbal y se le vincula con la corriente del presidente Danilo Medina. Los demás pertenecen al PRM (presidente Andrés Bautista y Secretario General Jesús Vásquez, y el ex senador Roberto Rodríguez), en tanto que Ángel Rondón Rijo no tiene filiación política, y tampoco al abogado de Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arzeno.
El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez explicó que las investigaciones se hicieron utilizando todas las fuentes posibles, los métodos modernos y con la colaboración de del FBI de Estados Unidos y del sistema financiero internacional. Dijo además que investigaron a los testaferros, a los familiares y relacionados de todos los involucrados, y concluyeron que solamente de las 7 personas acusadas tienen pruebas incontrovertibles de haber recibido los sobornos.
Inquieta, por lo menos, que ningún testaferro o relacionado haya resultado involucrado, pese a todas las pesquisas, y que en el caso del ingeniero Temistocles Montás tampoco se le haya interrogado nuevamente para conocer sobre el destino de los fondos que él confesó haber recibido de Ángel Rondón para las campañas políticas del PLD. Por lo menos documentar la cantidad y si hubo otros potenciales receptores de fondos.
Tampoco se interrogó o se investigó a otros funcionarios relacionados con la empresa Odebrecht, y que negociaron obras de gran volumen de dinero, incluso en tiempos en que existen desembolsos de los sobornos de Odebrecht hacia las cuentas de Rondón. Extraña tanto que haya tres personas directamente relacionadas con el PRM, ex del PRD, que se relacionan con las dos primeras obras de esa empresa en el país, y que no se incluya ninguno de los que negociaron y contrataron obras a partir del 2012, pese a que más del 60% de los desembolsos de sobornos se hicieron entre el 2012 y el 2014, y que en ese período se haya negociado la planta Punta Catalina, que el Ministerio Público no investigó, pero que a partir de los datos de una comisión designada por el presidente Medina, concluyó que no hubo soborno, ni coimas, ni sobrevaloración.
El Ministerio Público está sometido en este momento a un fuerte cuestionamiento. Las personas no confían en el trabajo realizado por los fiscales y rechazan sus conclusiones. Los reclamos indican que hay deliberadamente exclusiones de funcionarios del gobierno que resultan intocables, y que entre los que fueron incluidos hubo acuerdos para que quedaran fuera del caso debido a las conexiones políticas de algunos de ellos.
La persecución de la corrupción y el régimen de impunidad que existe en el país están destruyendo la institucionalidad. Las instituciones como el Ministerio Público y el sistema de justicia carecen de crédito o de la confianza del público. No se trata de que algunos jóvenes protesten y coloquen un campamento frente al Palacio de Justicia de la Suprema Corte. Esos que protestan representan un sentir muy grande y amplio de la sociedad dominicana, que se expresaron en muchas marchas en todo el país en el último año.
La pérdida de confianza en la justicia debilita la democracia y abre las puertas a improvisados y a regímenes de fuerza, precisamente por el desencanto y la irresponsabilidad de los partidos que gobiernan, que prefieren proteger a los suyos en casos como este.
Tampoco hay expedientes para el caso de las sobrevaluaciones de obras, ni hay expedientes para los financiamientos ilegales de campañas electorales por parte del mecanismo de control político que mantenía Odebrecht junto con el Partido de los Trabajadores de Brasil.
El caso genera muchas dudas. Esperemos a conocer el expediente acusatorio completo, para que podamos juzgar con más conocimientos el caso que debe representar un antes y un después en la justicia y en el sistema político dominicano.