El tema que más inquieta a los dominicanos y dominicanas desde hace tiempo es el de la seguridad ciudadana. Sin embargo, la manera de comprenderla y de abordarla reproduce el autoritarismo que permea todas las relaciones sociales en nuestra sociedad. Casi nadie analiza la seguridad ciudadana en relación con la vida democrática, el trato justo y la institucionalidad.
Una idea de inseguridad ciudadana asociada a la ausencia de medidas represivas no hace más que aumentar el problema. Como en otras partes de América Latina, el enfoque militarista o policiaco hace confundir seguridad ciudadana con la doctrina de la “seguridad nacional”. Existe evidencia empírica de que un giro militarista de la seguridad tiene como efecto la sofisticación del crimen organizado.
¿Cómo entender la seguridad bajo un enfoque de derecho? En primer lugar, asumiendo que la seguridad ciudadana es una responsabilidad estatal, no privada. Esto implica que la participación de la ciudadanía debe de estar muy bien delimitada. En este esquema no caben las soluciones privadas armadas, como lo son la proliferación de compañías de seguridad o el porte personal de armas de fuego.
En segundo lugar, el enfoque de derecho establece un vínculo esencial entre seguridad e institucionalidad. Así, la reforma policial consistiría en su profesionalización, su desmilitarización y su reorientación hacia labores preventivas. No se justifica que fuerzas policiales completen su salario haciendo de guardianes privados armados. Igualmente, se procuraría crear órganos especializados de investigación científica que evalúen regularmente los nuevos focos de inseguridad, no solo delincuencial. La inseguridad, como toda realidad social contemporánea, cambia de rostro constantemente. Podría pensarse, por ejemplo, en una “Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana” periódica coordinada por un organismo especial del Ministerio del Interior.
La institucionalidad toca también al rol que le corresponde jugar al Ministerio Público en materia de seguridad. A él deberían de estar adscritos los órganos especiales de investigación de delitos, como son los encargados del narcotráfico. Las instituciones dominicanas de este tipo, como la DNCD o la DICAN, acusan también pronunciados rasgos militaristas. Igualmente, forma parte de un plan de seguridad el acceso a la justicia y la confiabilidad en la misma. La corrupción pública no puede quedar impune, pues desacredita a los tribunales expandiendo una sensación de desprotección en la ciudadanía.
Por último, como ha señalado el sociólogo francés Loïc Wacquant, el “estado de la inseguridad” promovido por las políticas sociales neoliberales tiene como contraparte una “criminalización de la pobreza y de los migrantes”. Parecería en el mundo contemporáneo que los pobres y los migrantes son la causa de la inseguridad, cuando en realidad muchas de las situaciones de incertidumbre se deben a los procesos de desigualdad producidos por la concentración de la renta a escala global.
La institucionalidad de la seguridad consiste también en reforzar el papel de los ayuntamientos, siguiendo lo establecido por la ley 176-07. El tratamiento adecuado de los espacios públicos y el alumbrado de las calles se encuentran entre las medidas que más aumentan la seguridad. Solo basta iluminar el Parque Independencia, dejarlo sin vallas y asignarle cuatro policías municipales, para aumentar enormemente la seguridad en el mismo centro de la ciudad; o hacer algo similar en el Parque de la Trinitaria, a la entrada de la Capital. En general, la creación de zonas de recreo públicas seguras aumenta sustancialmente la seguridad sobre el territorio. Es lo que probado el Parque Iberoamericano.
La seguridad ciudadana debe abordarse en términos más democráticos y bajo un enfoque de derechos. Solo un abordaje de este tipo permitirá construir un plan coherente de la participación de la ciudadanía en temas de seguridad, sobre todo de los sectores urbanos, donde vive cerca del 75% de la población dominicana.