El tema fiscal ha retomado relevancia en esta administración. Recordemos que en el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader se hizo pública una propuesta elaborada por un equipo oficial, que circuló en los medios sin que el presidente aprobara el momento y el contenido de su lanzamiento, y fue precisamente al primer mandatario que tocó desmentir y desautorizar aquel documento en 2020.
En diferentes momentos y circunstancias el presidente Abinader dijo que para el 2021 no habría puesta en marcha de ninguna reforma fiscal, y que ese tema era necesario discutirlo globalmente, como parte de una reforma integral, en que se tomara en cuenta los criterios de empresarios, partidos políticos, sectores laborales y sociedad civil.
La pandemia de Covid-19 impactó fuertemente en la economía, hubo inflación en muchos productos importados y la economía se vio afectada, limitando fuertemente la inversión pública. El mayor esfuerzo lo hizo el gobierno del presidente Abinader con la reforma para mejorar la calidad del gasto, una demanda siempre formulada por los grupos empresariales. Esa reforma incluyó la eliminación de instituciones públicas, la reducción de la nómina estatal, el sometimiento del aparato burocrático del Estado al gasto mínimo y el mejor aprovechamiento de los recursos.
Sin embargo, el gobierno ha tenido que recurrir al endeudamiento público, y tendrá que seguir haciéndolo para sostener el presupuesto del 2022.
En los últimos días circulan por las redes profusamente dos documentos sobre la reforma fiscal. Uno elaborado por el equipo gubernamental, que aparentemente incluye a los técnicos de los ministerios de Hacienda y Economía y Planificación, sin titulo, bajo la imagen que desde el principio de esta administración se ha proyecto: Gobierno Dominicano, en el que se describen todos los pasos que se han dado y los que siguen, en 94 páginas, con las propuestas de reforma fiscal en debate.
Es obvio que se trata de un documento de trabajo, pero hay mucha claridad en cuanto al camino que el gobierno debe seguir para realizar una reforma integral del sector fiscal, y que por supuesto tendrá efectos importantes en el ámbito público y en la actitud que asuma el sector privado, los partidos políticos y el conjunto de la sociedad, especialmente las llamadas clases medias.
Posteriormente fue dado a conocer un segundo documento, este proveniente de un cuerpo de asesores económicos del gobierno, con observaciones y objeciones, y con un alto índice de aprobación al conjunto de la propuesta que ha circulado. Bajo el título “Sugerencias del Consejo de Asesores económicos sobre la Reforma Fiscal”, es un documento mucho más breve, tiene apenas 24 páginas en Power Point.
Son documentos que orientan a los grupos sociales y políticos sobre lo que el gobierno está describiendo y discutiendo. Si fue planificada la divulgación estamos hablando de una rara estrategia. Si fue divulgada sin el consentimiento de las autoridades, los adversarios e indiscretos han conseguido un éxito que no esperaban. En general, quienes han conocido los documentos discuten sobre ellos como si fueran reales. Y se conocen los énfasis de los técnicos gubernamentales.
Por ejemplo, en el documento de comentario de los asesores económicos del gobierno se habla claramente del gasto fiscal o exenciones, de alrededor de 200 mil millones de pesos (un 4 por ciento del PIB) y prepara y organiza a los oponentes, y le da material relevante a los partidos políticos que se oponen a que ese tema sea parte del diálogo que inició el gobierno en agosto pasado.
“Por el lado de los ingresos tributarios, el Estado incurre anualmente recaudaciones no realizadas por un monto de gasto tributario que supera los RD$200,000 millones; esto es, un porcentaje superior al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que, además, facilita que la evasión del impuesto sobre la renta y del ITBIS sean de las más altas en América Latina”. Es lo que dicen los asesores y por esa vía están recomendando políticas que finalmente corresponderá asumirlas al gobierno, al PRM y sus aliados y al presidente Luis Abinader.
Ni el sector empresarial ni los partidos opositores querrán asumir la naturaleza de una reforma fiscal de las dimensiones que se mencionan en estos documentos. Tal vez es lo que más convenga a la economía dominicana, que se armonice en relación con las economías y los temas fiscales de otros países de la región. Cuando América Latina y el Caribe tiene una presión fiscal de un 19%, la República Dominicana mantiene su presión fiscal en un 14.2%, y cuando los gobiernos de ALC mantienen un gasto primario superior al 25% del PIB, la República Dominicana mantiene un gasto primario de un 13.9% del PIB.
Son temas para especialistas, y economistas con ideas que posibiliten una equidad y una correcta distribución de las finanzas públicas, que generalmente se logra con un presupuesto bien concebido y unas políticas sociales no clientelares. Todos, sin embargo, estamos de acuerdo en la necesidad de reducir la evasión fiscal, que es un tema relevante, preocupante, de dimensiones profundas, y que en los últimos tiempos ha mantenido su perfil porque con esos fondos de la evasión fiscal se ha mantenido a los candidatos y partidos dominicanos.