La Junta Central Electoral ha realizado una eficaz labor de consenso, internamente, para proponer las modificaciones y actualizaciones de las leyes 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticas, y la 15-19, orgánica del Régimen Electoral, con el propósito de hacerla eficiente y comenzar a crear la cultura del ciclo electoral, como bien lo explica Román Jáquez Liranzo en una presentación que hizo esta semana.
Una comisión encabezada por el juez Samir Chami Isa ha realizado una intensa labor de estudio y consenso, y ha concluido presentando un documento bien estructurado aportando coherencia, racionalidad, economía y transparencia a todo el sistema electoral dominicano. Se propone fortalecer la estructura del órgano electoral y se ha definido y agregado un catálogo ampliado con los principios rectores electorales que son determinantes y funcionan como mandatos de optimización de las demás disposiciones legales, según escribe Jáquez Liranzo.
La JCE está cumpliendo su labor y propone que se reoriente el tema de la paridad, en procura de igualdad y cumpliendo con el artículo 39 de la Constitución, que se fortalezca todo lo concerniente a las Juntas Electorales, los requisitos para su integración y las propias atribuciones de la JCE, para que no coludan con las atribuciones del Tribunal Superior Electoral. En el documento se recomienda la readecuación del calendario efe plazos electorales, el voto en el exterior, regulaciones de la pre-campaña y la campaña electoral y un esquema que fortalezca el régimen de sanción de los delitos electorales, un asunto necesario, porque sin esos elementos el régimen electoral carece de dentadura y capacidad efectiva regulatoria.
Sobre la ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos hay también abundantes recomendaciones, incluyendo aspectos normativos ya incluidos en varias sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo.
Fundamental la recomendación de que se reduzcan los topes de gastos para la pre-campaña y para la campaña electoral de los partidos. El desbordamiento y los excesos en ese sentido afectan las arcas del Estado, y es un aspecto que el país tiene que detener. El uso de los recursos públicos en campañas electorales es uno de los aspectos más distorsionares del régimen electoral dominicano. Está a la vista de todo el mundo y no hay forma de controlarlo, pese a los claros principios contenidos en las leyes.
Es importante alcanzar la igualdad de las organizaciones políticas en los procesos electorales, y eso es posible lograrlo por el control de la inversión en campaña, además de un régimen sancionador eficiente. Estos aspectos incluyen el tema delicado y controvertido del financiamiento público a las organizaciones políticas. Es un área en que es posible alcanzar mejoras y algo de equidad. Si esta propuesta se socializa, se discute como corresponde y logra algún consenso en las fuerzas políticas, debe ser presentada al Congreso Nacional para que las apruebe y sea efectiva a partir del próximo año.
Samir Chami Isa escribió: “Esperamos que nuestra propuesta contenga las motivaciones suficientes para que el congreso en su función legislativa, después de escuchar a los partidos, agrupaciones y movimientos políticas y a otros sectores interesados de la sociedad, pueda evacuar las mejores normas electorales posibles para el fortalecimiento democrático de nuestra nación”.
Saludamos la iniciativa de la JCE y felicitamos el trabajo que realizan. El régimen electoral tiene que ser asumido con tiempo, para que la planificación y organización sea su norma, y no tengamos episodios sórdidos y lamentables como los que vivimos el pasado año.