La Cámara de Diputados finalmente pudo echar adelante, aprobando en dos lecturas consecutivas, el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.
No hay dudas de que el Senado de la República lo conocerá y aprobará, y lo remitirá al Poder Ejecutivo, donde será promulgado. La versión de la ley que se aprobó es lo que quería el presidente Danilo Medina, quien lo consiguió con la aprobación de sus aliados, como el Partido Revolucionario Dominicano, los diputados peledeistas del bloque de Danilo Medina, más el consenso de los partidos Reformista Social Cristiano y Revolucionario Moderno. Eran necesarios 127 votos y el proyecto obtuvo 146 votos.
La República Dominicana será dotada de una legislación que nunca tuvo su sistema de partidos políticos. Hasta la aprobación y promulgación de la ley de partidos, las organizaciones políticas se han regido por algunos artículos de la ley electoral, y las cúpulas de los partidos han mantenido secuestrada esas organizaciones, como fincas propias, en las cuales los dirigentes se eternizan y realizan todas las maniobras para permanecer en sus direcciones sin atenerse a la natural alternancia que debe producirse en las entidades que procuran y obtienen el poder mediante los procesos electorales.
La versión aprobada por los diputados no es perfecta. Tiene muchos defectos, pero es y debe ser una forma de comenzar a controlar el régimen partidario, que carece de consecuencias. Las leyes se aprueban y se modifican, y se mejoran, y es lo que debe ocurrir con esta pieza, que ha sido debatida de forma feroz porque se la ha considerado como una forma de control interno de las candidaturas presidenciales y congresuales con miras al proceso electoral del 2020.
Por ello se gastó tanto tiempo en los debates sobre las elecciones primarias. Primero se debatía si la elecciones debían ser abiertas o cerradas. Luego si debían ser organizadas por la Junta Central Electoral. Luego se debatió su se incluía o no en la ley que la decisión sobre las primarias se tomaba partiendo de los estatutos de los partidos o de las decisiones de sus principales órganos de dirección.
Lo que ha quedado es que cada partido decide el modelo de primarias que desea realizar, de acuerdo con la mayoría de los miembros de sus organismos de dirección. Y que cada partido decide si asume el padrón de la JCE para hacer su elección de candidatos, en ese caso acogiéndose a las normas que establece la ley.
Es muy penoso que la atención y el debate haya girado solo en torno al modelo de primarias que se utilizaría en los partidos, y no se haya ampliado el debate sobre otros temas, como el financiamiento de los partidos y los candidatos, los límites o topes en las donaciones privadas a las campañas electorales, la prohibición del uso de los recursos del Estado en los procesos electorales o las prohibiciones explícitas a los contratistas del Estado para financiar campañas de los partidos políticos.
De todos modos, como ya hemos señalado, la aprobación de esta ley es un comienzo y a futuro vendrán los cambios, modificaciones y perfeccionamientos para que haya más controles y menos corrupción en los partidos políticos al momento de seleccionar a sus candidatos a puestos electivos. Este es el comienzo. No hay que sacar desde ahora conclusiones catastróficas ni planes desenfocados, como que hay ya montado un proyecto para volver a postular al actual presidente Danilo Medina a una reelección presidencial. La Constitución prohibe tal cosa, y el país debe aunar esfuerzos para que la institucionalidad impere frente a cualquier desatino fuera de la Constitución de la República.