Los cuatro nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia representan una renovación parcial de es órgano del Estado, y podrían ser una oportunidad para que desde el Consejo Superior del Poder Judicial o desde la presidencia misma de la SCJ se pueda reflexionar y plantear la posibilidad de una sacudida por la recuperación de la credibilidad perdida con tantas decisiones desacertadas en materia de transparencia.
Marcha Verde, por ejemplo, el pasado domingo registró decenas de carteles y reclamos de rechazo a los jueces políticos y protectores de la impunidad a los miembros del sistema político, y en particular a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana.
Los nuevos miembros de la SCJ son Blas Rafael Fernández Gómez, con 21 años en el poder judicial, Pilar Jiménez Ortiz, con 15 años en el poder judicial, Manuel Alexis Read Ortiz, con 28 años en el poder judicial, y Moisés Alfredo Ferrer Landrón, sin experiencia en el Poder Judicial, pero con experiencia como miembro del Ministerio Público, como Procurador General Adjunto.
Este grupo de jueces puede impactar positivamente a la Suprema Corte de Justicia, y ayudar en la recuperación de la credibilidad perdida. La decisión del Consejo Nacional de la Magistratura fue político, porque se trata de un organismo integrado por políticos, aunque las normas dejan claramente establecida la vocación independiente de la judicatura en todos sus niveles, especialmente en el más alto de sus estamentos, que es la Suprema Corte de Justicia.
La justicia independiente es una aspiración que viene desde lejos en la sociedad dominicana. El liderazgo político se solidariza con esa aspiración cuando está en la oposición. Desde el Gobierno no se comparte ni se practica. Siempre que se tiene la oportunidad de elegir jueces, los políticos se ingenian todas las maniobras para colocar a sus jueces y que éstos les sirvan cuando se les solicite.
Esa es la tragedia de la justicia dominicana. Los jueces responden a intereses políticos. Por las denuncias de dos de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los opositores José Ignacio Paliza y Josefa Castillo, hubo una aplanadora de seis votos contra dos en las designaciones de los jueces del Tribunal Superior Electoral y las cuatro posiciones vacantes en la Suprema Corte de Justicia. Está presente el eterno deseo de independencia de la justicia, que se enfrenta al permanente y presente interés del control de los organismos judiciales de parte de los políticos que controlan los órganos que designan. Antes era el Senado de la Repúblicas y ahora es el Consejo Nacional de la Magistratura.
Es legal, es constitucional y no hay mecanismos de rechazo de las decisiones emanadas del Consejo Nacional de la Magistratura. Corresponde que los órganos con la sangre nueva tengan la conciencia, o la asuman, de la necesidad de responder a las expectativas de la sociedad, y que puedan realizar un trabajo con el que ellos, sus conciencias, sus familiares y descendientes, se sientan tranquilos y orgullosos. Y que no se apresten a morir, al salir de esas posiciones, en el infierno en que los coloque la sociedad dominicana, porque hayan faltado en su lealtad al mandato de la ley y a los reclamos de justicia de la sociedad.