El país está obligado a reducir, tanto como sea posible, la altísima evasión fiscal que se practica en la República Dominicana.
La evasión fiscal destruye las posibilidades de una competencia sana y enriquecedora. Le da oportunidad a los menos aptos para producir, y le reduce recursos al gobierno para hacer frente a los problemas de la sociedad.
El Código Tributario debe cumplirse. La evasión fiscal tiene que reducirse, y para ello necesitamos autoridades dispuestas a hacer cumplir la ley, con ejecutivos insobornables y un equipo técnico capaz y dispuesto a sacrificarse por la licitud de los negocios.
Los empresarios que incumplan con sus obligaciones fiscales deben ser descubiertos y sometidos a la justicia, sin posibilidad de negociaciones afectadas por las influencias políticas. La fiscalidad tiene que mostrarse con transparencia. Un director de Impuestos está constantemente expuesto a propuestas indecentes, que siempre deberá rechazar. Pero como en el gobierno tantas cosas pasan, y no hay tanta transparencia, pudiera darse el caso de que funcionarios responsables de hacer cumplir las normas impositivas reciban sobornos, solo para mirar para otro lado cuando se descubre o se esté por descubrir un fraude fiscal.
Para un evasor de impuestos pagar un soborno de 5 o 10 millones de dólares no es mucho sacrificio, si el sistema de evasión que ha establecido continúa intacto y si no se le expone al escarnio público. Por eso el país requiere de autoridades en un departamento tan delicado como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que sean insobornables. Y que se les vigile y haya supervisión sobre sus decisiones.
También se necesita que la sociedad observe y apoye la actuación de sus autoridades responsables de hacer cumplir la fiscalidad. Y cuando hay actuaciones como las que desarrolla en este momento la DGII contra el Grupo Tremols Payero, que ha sido acusado de evadir mas de 9 mil millones de pesos, debemos brindar toda la atención y el apoyo a las autoridades.
También hay que observar y respaldar la actuación del Ministerio Público. No se puede ser contemplativo en estos casos. Satisface que la Asociación Dominicana de Productores de Ron haya dado su respaldo a las acciones del gobierno contra la evasión fiscal, y que el Consejo Nacional de la Empresa Privada también haya brindado su apoyo a la decisión de la DGII de perseguir al Grupo Tremols Payero. Es importante que se expresen, aunque pareciera una obviedad que estas asociaciones están contra la evasión fiscal. Los negocios lícitos corren el riesgo de irse a pique. Las mafias que controlan estos negocios contratan sicarios, ordenan crímenes, compran jueces. Cualquier cosa puede pasar, y en ese sentido la sociedad debe protegerse y proteger a los funcionarios que cumplen con su deber. Las declaraciones de las asociaciones empresariales, en ese contexto, son importantísimas.
En una comparencia ante la Cámara Americana de Comercio, Magín Díaz, director general de la DGII, hace tres años, dijo que la evasión era como un deporte nacional, que casi todo el mundo lo practicaba. Y que su labor era evitarla. Desde el 2016 hasta la actualidad la DGII ha llevado a los tribunales más de 20 procesos contra empresas y personas por evasión fiscal. No ocurría en el pasado. Por ello debemos ofrecer todo el respaldo posible a la decisión de las autoridades de perseguir la evasión. Y que no olviden a los relacionados de los evasores, que tienen parte en el negocio. Y hasta pueden ser muy peligrosos, sobre todo si hay uniformados entre ellos.