El presidente Danilo Medina tendrá que comenzar a preocuparse por aspectos formales de su administración, y en particular por la responsabilidad ética.
Este gobierno, por ejemplo, podría terminar siendo el que más funcionarios ha designado y que resultaran condenados por actividades ilícitas, sin que las autoridades hayan tomado decisiones posteriores a las condenas, que demuestren el interés por la pulcritud y la decencia en la administración pública.
Todo presidente se ocupa de que sus funcionarios cumplan las normas y no se vean involucrados en temas legales, demandados o en asuntos que pudieran dar la impresión de ilegalidad.
Danilo Medina es el presidente que hizo que todos sus funcionarios, al momento de tomar posesión, firmaran un documento de adhesión a las normas éticas. Incluso firmó el Pacto por la Ética y la Institucionalidad, patrocinado por Participación Ciudadana y Transparencia Internacional, y creó la Dirección Nacional de Ética y Combate a la Corrupción.
Es el mismo presidente que dijo que actuaría ante el rumor público, que pediría cuentas a los funcionarios señalados, y que no toleraría que sus designados tuvieran conflictos con la ley.
Se acaba de divulgar una sentencia de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primer Instancia del Distrito Nacional, condenando a Miguel Pimentel Kareh al pago de casi 240 millones de pesos, junto al abogado Ricardo Pellerano, por un préstamo no pagado al Banco Central. Pimentel Kareh es director de la famosa Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que administra miles de millones de pesos, que depende de la Presidencia de la República y que debe actuar con toda la transparencia posible. Obviamente, se trata de un déficit para el gobierno del presidente Danilo Medina.
Se recuerda que recientemente el Fiscal General de Nueva York levantó un proceso legal contra dos funcionarios del gobierno dominicano: Danilo Díaz, asistente especial del Presidente Danilo Medina, y Joaquín Gerónimo, Superintendente de Pensiones, por estafa contra numerosos ciudadanos dominicanos radicados en Nueva York, que no recibieron los beneficios que les fueron prometidos en el proyecto turístico Pueblo Bávaro.
El problema es que un tribunal civil dominicano condenó a los señores Danilo Díaz y Joaquín Gerónimo por el mismo caso, por una demanda interpuesta por dos ciudadanas dominicanas. Díaz es –y hasta que no se le quite de la posición sigue siendo- asistente especial del Presidente de la República, y Joaquín Jerónimo es Superintendente de Pensiones, y tiene bajo su administración casi 300 mil millones de pesos de los trabajadores y empleados dominicanos.
El gobierno no reaccionó, ni públicamente se dio por enterado en este caso, y más bien pareciera que le resolvió el inconveniente legal en Nueva York a ambos, de modo que se facilitaran los recursos que exigían las familias afectadas. La Fiscalía de Nueva York dijo que recibió el pago de 2.8 millones de dólares o un monto aproximado.
Recientemente el ex director de Bienes Nacional y cónsul general en la isla de San Martin, Aristipo Vidal, fue condenado por emitir cheques sin fondos. La sentencia llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, donde le fue ratificada la sentencia, que incluía prisión. Hubo un arreglo, pero la sentencia existe y es lo que se conoce como la cosa irrevocablemente juzgada.
Nadie en el gobierno se ha dado por enterado que estas cosas están erosionan la capacidad y la calidad del gobierno en materia ética, de por sí ya deprimidas seriamente con el desempeño de la llamada Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige el abogado Marino Vinicio Castillo Rodríguez.