Las autoridades del Ministerio Público sometieron a la justicia a 10 agentes de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público que se confabularon para robarse 900 kilos de cocaína incautados en una operación.
El grupo se puso de acuerdo para preparar un informe falso que registraba como fallida la operación de confiscación de la droga.
Luego la droga fue devuelta a los “dueños”, pero lo hicieron cometiendo el “error” de entregar 700 kilos, 200 kilos menos de lo hallado.
El sistema de distribución de dinero y droga fue lo que se conoce como un pillaje. Y los jefes del organismo policial conocido como la DICAN participaron y encubrieron la fiesta, incluyendo la entrega de dinero en efectivo y de droga a los que se quejaron por no haber sido compensados de forma adecuada.
La Policía Nacional ha expresado como mucha claridad que rechaza la corrupción de sus miembros, y el jefe de la Policía, general Manuel Castro Castillo, dijo que esos agentes son peores que los narcotraficantes a los que les fue incautada la droga.
El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, ha sido claro y contundente en la necesidad de sancionar estos actos criminales, tanto en la Policía como en el Ministerio Público.
Cobran coimas, peajes, sus agentes son los dueños de los puntos de drogas, y los vendedores tienen que pagar grandes sumas semanales. Y todo está tranquilo, bajo control de las autoridades
Así debe ser, y una comisión que investigó y encontró las pruebas del fraude ha sido eficiente en dar a conocer los detalles de este acto bochornoso de corrupción.
¿Hacia dónde debe conducir este caso se pregunta mucha gente en la sociedad dominicana?
Pues hacia una revisión de los mecanismos institucionales para enfrentar el delito.
A finales del decenio de los ochenta, por recomendación de expertos y asesores internacionales, fue eliminado el departamento policial destinado a perseguir a los narcotraficantes y drogadictos. En su lugar se creó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), como un organismo autónomo.
Sin embargo, durante la gestión del entonces jefe de la Policía Nacional, general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, se retrocedió y se creó la Dirección de Antinarcóticos dentro de la institución del orden público, la DICAN, bajo el argumento de que los policías veían a los vendedores de drogas haciendo negocios y no podían hacerles frente porque se había pasado esa responsabilidad a la DNCD. Una versión acomodada del origen del organismo ahora puesto en evidencia.
Los agentes policiales, sean municipales, turísticos, escolares, del transporte o de la membresía general de la PN, pueden detener el flagrante delito en cualquier circunstancia en que ocurra, y transferirlo al departamento que corresponda, y en los casos de drogas deben ir a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que a su vez los lleva al Ministerio Público.
Pero la DNCD, la DICAM y el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía (DICRIM) se confabularon para estos casos. Y así ocurre en muchas provincias del país. Cobran coimas, peajes, sus agentes son los dueños de los puntos de drogas, y los vendedores tienen que pagar grandes sumas semanales. Y todo está tranquilo, bajo control de las autoridades.
Mientras tanto, la droga se vende bajo las narices y protección de estos “servidores públicos” que son pagados con los impuestos que aporta la ciudadanía al Estado a cambio de vivir con seguridad y paz.
Si existe la DNCD, que es un órgano especializado, ¿por qué tiene que existir la DICAN en la estructura de la Policía Nacional? Las coimas y la recaudación lo explican. Y todavía hay quienes justifican ese mamotreto.
La Policía debe ser reformada, y muchas veces se prometió una reforma profunda y se adelantaron decisiones para su profesionalización. Castro Castillo pudo hacer la reforma, pero se adaptó a lo que encontró y ahora lo defiende como si se tratara de una de las mejores entidades del continente.
El jefe de la Policía debe conocer que los bajos salarios en los miembros de la PN no son su único problema y explican en forma genérica la corrupción o la susceptibilidad de los agentes a caer en los actos delictivos.
Hay un problema de base en la Policía Nacional.
La formación de esos agentes tiene que encaminarse hacia la profesionalización, incluso por áreas de trabajo.
El delito gana terreno y cada día hay nuevas modalidades de delitos y nuevas formas de debilitar los mecanismos de protección.
Mientras tanto, desde lo más alto del gobierno dominicano deben tomarse decisiones firmes para enfrentar la corrupción en las filas policiales y militares.
De igual manera, deben de hacer lo propio las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Nadie en su sano juicio puede observar sin preocupación el rumbo que está tomando nuestra sociedad y el futuro que nos espera como país, si las cosas continúan como hasta ahora.