El 14 de noviembre de 2017 fue un día gris en la República Dominicana; una fecha para no recordar. A su vez, es una oportunidad para repensar el carácter del Poder Judicial que tenemos en el país. En la fecha que destacamos, dos personas, una del mundo empresarial y otra del colectivo de funcionarios del gobierno dominicano, fueron puestas en libertad aunque sobre ellos pesa la acusación de formar parte del grupo comprometido con los sobornos millonarios de la empresa brasileira Odebrecht en República Dominicana. Estas personas han sido liberadas de la reclusión por las inconsistencias del expediente presentado por el Procurador General de la República. Mientras esto ocurre, dos personas acusadas de robar siete (7) libras de yuca en Dajabón fueron encarceladas por un mes. Consideramos que ningún tipo de robo es admisible, aunque sea de una aguja. Pero es importante que veamos a quién se le aplica la ley aquí en nuestro país.
Este contexto nos indica que la justicia dominicana es incongruente. Es una justicia que se burla de sí misma; que no se respeta. Ante un hecho tan bochornoso, ¿qué podemos hacer? Parece que podemos hacer poco, pero no se puede perder la esperanza de que sea posible una recuperación moral, ética y jurídica de la justicia. Lo importante es que trabajemos para lograrlo; no actuar en esta dirección, provocará una mayor degradación de la dignidad del poder judicial; se perpetuará la inefectividad de un poder en el que los mismos magistrados son los que rechazan los expedientes preparados por la Procuraduría General de la República por la carencia de fundamentos y de soportes investigativos sólidos.
A esta triste realidad se añade la poca independencia que tiene el poder judicial dominicano, por la vinculación estrecha con el poder ejecutivo, que designa a los principales representantes del llamado poder judicial. Es difícil que haya independencia; y sobre todo, es más difícil que el Poder Ejecutivo no interfiera en asuntos judiciales, puesto que los que imparten la justicia han sido nombrados por este. En este hecho radica uno de los principales problemas de un poder judicial degradado y con poca o ninguna credibilidad pública. Una sociedad que carece de confianza en la justicia tiene el peligro de apropiarse del derecho de ejercerla al margen de los dictados de la Ley. Esto no puede institucionalizarse; hacerlo es un camino equivocado que nos sumerge en una deshumanización progresiva.
La situación por la que atraviesa la justicia dominicana requiere un alto en el rumbo que lleva, para repensarla; para estudiar y recomponer el poder judicial; para que tenga más autonomía, más libertad y, sobre todo, más carácter. El suceso del día 14 requiere que la sociedad civil, los grupos organizados, las personas independientes, las instituciones que reconocen la importancia de la justicia para la instauración de una democracia real y cada vez menos simulada, se articulen para crear un debate nacional en torno a la justicia. Este debate ha de sopesar sus precariedades; ha de redescubrir las posibilidades que persisten en ella y que se deben preservar. Es un debate que favorecería la construcción de una propuesta que resitúe el Poder Judicial, para dotarlo de una mayor capacidad de respuesta a las demandas de un sistema judicial justo que tiene la sociedad dominicana. Hemos de construir una propuesta que involucre a todos los sectores; de tal manera que nadie se sienta extraño y todos podamos asumir corresponsablemente los sacrificios y compromisos que esta tarea implique. Ahora la justicia de República Dominicana necesita nuestra atención y el despliegue de los mejores esfuerzos para rescatarla del vacío en el que se encuentra.