Editorial

Hay que avanzar hacia un pacto por la transparencia y la democracia

Por Acento.com.do


La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMRD) ha dicho que nuestro país se encuentra con una alerta de “alarma media” ante los inversionistas y mercados internacionales, y que la estabilidad que de nuestra democracia es un elemento de confianza para que no haya riesgos en las inversiones y en los negocios. Ramón Ortega, presidente de la entidad, dice que confía en que los dominicanos podremos resolver nuestras diferencias, sin el auxilio de factores externos.

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) ha expresado que realiza gestiones para lograr un acuerdo entre las fuerzas políticas y el gobierno, con miras a superar las serias diferencias que existen, especialmente luego de la cancelación de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero. Apuestan por la institucionalidad, y que haya elecciones el 15 de marzo, y posteriormente se celebren sin inconvenientes las elecciones congresuales y municipales de mayo.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) se ha expresado con una postura parecida, y su presidente, Pedro Brache, ha encabezado gestiones de acuerdos entre los principales actores políticos. El Conep es la entidad empresarial que mayor esfuerzo ha hecho para conseguir un pacto.

13 partidos de oposición,el domingo pasado emitieron un documento en el que presentan 9 puntos para un pacto. Son los siguientes:

1.- Que reconociendo la profundidad de la crisis político-social y la desconfianza predominante, nos aboquemos a la concertación de un gran pacto político-social para garantizar elecciones libres y equitativas, sin la irrupción del gobierno. El presidente de la República, Danilo Medina, como principal gerente de la campaña electoral de su partido, es parte de la crisis y debe ser compromisario del pacto y asumir la moderación y ponderación que corresponde a un estadista y jefe de Estado.

2.- Reforzar y acompañar a la JCE con veedores y consultores sociales de respeto y equilibrio, inobjetables, con asesoramiento externo, sobre todo en lo informático

3.- Buscar un equilibrio en la composición de las juntas electorales municipales, los funcionarios de los colegios electorales y los técnicos de apoyo.

4.- Que la JCE y el gobierno procuren que una misión de observadores de la Organización de Estados Americanos se mantenga en el país hasta que culminen las elecciones presidenciales y congresuales.

5.- Inmediata implementación de la Procuraduría Especializada para perseguir los delitos electorales, instituida en la Ley del Régimen Electoral, con la designación, por consenso de los partidos, de su titular y principales auxiliares.

5.- Elaboración de un protocolo de compromiso a ser asumido por todos los partidos, para proscribir, perseguir y condenar todos los delitos electorales, especialmente la compra de votos.

6.- Que los altos funcionarios salgan de la campaña electoral o que tomen licencia de sus cargos, y que el presidente de la República mismo asuma el papel de moderador y agente de equilibrio y entendimiento que corresponde a los estadistas.

7.- La suspensión inmediata de todos los repartos clientelistas y de interés partidista, que no sean los programas de subsidios sociales establecidos.

8.- Que sea suspendida toda la publicidad estatal de corte político

9.- Prohibición de las contribuciones de los contratistas y suplidores del Estado para evitar la extorsión.

El ex presidente Hipólito Mejía, miembro de la dirección del PRM, propuso que Monseñor Agripino Núñez Collado sea considerado como posible mediador, en la gestión que se realiza con miras a un acuerdo.

El gobierno dominicano dio pasos, y presentó medidas para apaciguar los ánimos, la pasada semana en una declaración ofrecida por los tres principales ministros del gobierno: Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta y Flavio Darío Espinal.

Las condiciones están dadas para que, en una mesa de diálogo bien estructurada y con representación de las fuerzas políticas fundamentales, se comience a buscar un acuerdo.

Acento reitera su criterio de que los cuatro puntos esenciales son los siguientes:

1. Investigar qué pasó en la JCE con el sistema del voto automatizado, y que conllevó la cancelación de las elecciones. Puede hacerse ahora, o esperar unas semanas los resultados de la auditoría de la OEA.

2. Acordar las elecciones municipales del 15 de marzo, con una especial atención al conteo manual y al sistema de transmisión de los datos de cada centro de votación a la JCE. Si fuese posible, que una comisión de técnicos, con especialidad y solvencia, supervise, vigile, la labor de los directores o coordinadores de informática de la JCE, y verifique los kits que desde allí se envíen a los centros de votación.

3. Que igual procedimiento se haga en las elecciones presidenciales y congresuales de mayo. Y, terminado el proceso electoral de mayo, concluya la labor de los actuales miembros titulares de la JCE.

4. Y finalmente, que haya un compromiso para que el gobierno, el presidente y los ministros, no se conviertan en actores del proceso electoral en marcha, y se inhiban de utilizar los recursos públicos en la campaña, incluyendo las compras de los programas sociales, como el Plan Social de la Presidencia de la República. Sobre estos temas se puede hallar la solución de la crisis que vivimos.

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