Sin un sistema de justicia confiable el país anda por un sendero equivocado y se dirige hacia la barbarie. El Ministerio Público, como representante de la sociedad en el área de justicia, ha dicho que los jueces de la Suprema Corte de Justicia no les son confiables, y que sus decisiones engordan la impunidad y la protección de los corruptos.
Ahora, el mismo Ministerio Público encabezado por Francisco Domínguez Brito, ha denunciado la existencia de una mafia de jueces corruptos, dedicados a la protección del narcotráfico, de sicarios y otros delincuentes, y que en esa red participan ex jueces, abogados, empleados y otras personas que quieren ganar dinero fácil abriendo el camino de la delincuencia, luego de que el Estado invierte recursos investigando y apresando a narcotraficantes y sicarios.
La lista de los jueces fue dada a conocer este lunes en un documento de 15 páginas firmado por el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito. El lunes en la tarde el Consejo del Poder Judicial emitió una resolución sancionando a dos jueces y suspendiendo a otros tres. Dejó fuera de su respuesta a quien Francisco Dominguez Brito identificó como el jefe de la banda: el licenciado Francisco Arias Valera, hasta el pasado viernes miembro del poderoso Consejo del Poder Judicial. Presentó su renuncia y le fue aceptada, y ya no forma parte del sistema judicial, pero los actos ilícitos que se le imputan fueron cometidos utilizando el poder que le daba su condición de juez de instrucción y de miembro del Consejo del Poder Judicial.
El Procurador habló de violaciones a los artículos 181 y 183 del Código Penal Dominicano, que incluyen sanciones como la degradación, la prisión y sanciones morales para los jueces que prevarican
Tan pronto se ha producido la denuncia del Procurador y las sanciones anunciadas este lunes por el Consejo del Poder Judicial, han debido producirse actuaciones para evitar trasiego de documentos, destrucción de pruebas, incluso la fuga de algunos de los señalados. En casos como estos, lo normal es que se tomen medidas preventivas, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos denunciados y la delicadeza de las funciones que han desempeñado.
Para evitar situaciones inesperadas, nuestra legislación contempla las medidas de coerción y la Procuraduría tiene la facultad de solicitarlas al juez correspondiente, como es habitual hacerlo en casos de menor importancia.
El Procurador habló de violaciones a los artículos 181 y 183 del Código Penal Dominicano, que incluyen sanciones como la degradación, la prisión y sanciones morales para los jueces que prevarican.
Pero hay otras medidas que bien pudiera solicitar en lo inmediato la Procuraduría General de la República, si no lo ha hecho aún: Solicitar impedimento de salida del país de las personas incluidas en esta investigación. El Consejo del Poder Judicial ya aplicó sanciones y dictó suspensiones a cinco de los jueces, y como no se incluyó a Francisco Arias Valera, bien pudiera hacerlo el Ministerio Público, tomando en cuenta que es la persona señalada como la cabeza de la red de traficantes de influencias.
Otras medidas pudieran ser solicitud de prisión preventiva o garantías económicas para garantizar que estas personas permanezcan a disposición de la justicia en el momento en que se les llame. En el sistema penal dominicano la regla es la libertad, y mientras se realiza una investigación de carácter criminal, como es este caso, habría que tomar las medidas para que las autoridades trabajen con libertad y sin temor a perder a los señalados como responsables de acciones punibles por la ley.
Corresponde al Ministerio Público ponderar estas opciones y también al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, en su condición de presidente del Consejo del Poder Judicial.