El año 2017 está siendo un año difícil para la sociedad dominicana. Son muchos los hechos y acontecimientos repugnantes que marcan la cotidianidad de la gente y de diversas instituciones; una marca asociada a problemáticas que ocurren día a día, sin que se visualice una solución real y adecuada a las diferentes situaciones que se presentan. La gente en general observa poca o ninguna voluntad política; y, por tanto, ninguna acción clara para resolver los problemas que afectan al conjunto de la sociedad. Estas mismas personas empiezan a dudar de las instituciones, de su sentido y de su necesidad. Dudan, también, de las personas que las dirigen. Es decir, la población entra en un estado total de desconfianza y de rechazo a las instituciones de la sociedad. Se genera una actitud descomprometida que en nada favorece al desarrollo del país y, mucho menos, a la institucionalidad y a la educación de la población. Esta postura es, hasta cierto punto, comprensible, si tomamos en consideración que la carencia de avance concreto en la solución de los problemas provoca manifestaciones distintas; y una de ellas es la indiferencia.
Pero en la sociedad dominicana no solo constatamos una postura indiferente de parte de un sector de la población que ya se cansó y no piensa actuar. Observamos otros sectores que sienten estupor y vergüenza por instituciones que degradan al país con actuaciones que generan graves daños sociales y morales; que acentúan la falta de credibilidad institucional. Algunas de estas instituciones están vinculadas a suicidio, sicariato, sobornos, venta ilícita de terrenos, firmas ilícitas de contratos; y otras acciones que violentan las leyes del país. Estas actuaciones, además, provocan repudio en la sociedad dominicana. Por ello estas instituciones deberían someterse a una evaluación crítica que les permita sanearse y afirmarse con otros principios y perspectivas; o simplemente desaparecer para abrirle paso a otra modalidad de institución en el que la dignidad de la sociedad y el trabajo a favor del desarrollo integral del país sea la prioridad.
Instituciones como la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado-OISOE; el Consejo Estatal del Azúcar-CEA, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses- OMSA, la Policía Nacional, así como las relaciones con Odebrecht, necesitan una transformación sustantiva para que respondan a los intereses y necesidades de una sociedad civilizada y orientada a la mejora de la calidad de vida y de la educación en valores. Esta misma transformación debe producirse en la Cámara de Diputados, en el Senado y en las instituciones del Poder Judicial. Ninguno de estos Poderes debería provocar estupor ni, mucho menos, vergüenza. Para que esto no se produzca es necesario que los que elaboran las leyes las respeten y las cumplan como hemos de hacerlo los demás ciudadanos. Sin esta transformación, seguirán siendo pseudo instituciones con reputación poco creíble y con un funcionamiento carente de efectividad. Pero, además, continuarán acentuando el estupor y la vergüenza en territorio dominicano y fuera del país. Para avanzar en los cambios que planteamos, las personas de buena voluntad que trabajan en las instituciones señaladas necesitan nuestro apoyo y nuestra colaboración.