Si seguimos la curiosa denominación con las que el Ministerio Público ha bautizado sus casos anti-corrupción, habría razones suficientes como para esperar Operación Erizo, Operación Tiburón, Operación Calamar y hasta Operación Piraña.

Y así hasta el cuasi infinito ecosistema que guarda el fondo marino. Porque también así podría denominarse la extensa, profunda y variada gama del sistemático desfalco de fondos públicos ocurrido hasta el pasado reciente.

Es por lo antedicho que, sin importar la que de seguro será una larga lista de nombres marinos para rotular operativos anti-crimen , por igual de sistemática, integral y nada superficial debiera ser la lucha contra la corrupción.

Habrá voces que clamen porque no salga a relucir un escándalo tras otro. Pero considerando los tantísimos años que se viene esquilmando los dineros estatales, sería irresponsable no actuar en consecuencia. Ahora.

Hace falta que, de una vez y por todas, la Procuraduría General de la República mantenga un esfuerzo más que sostenido para purgar al país de una condición purulenta que ya no se soporta . So pena de permitir gangrenar peligrosamente todo el país. 

Como la lluvia que lava inconsecuencias, la lucha contra la malversación, el dolo, la prevaricación, la estafa y otros delitos que se han cebado contra los fondos ciudadanos, se debe baldear y adecentar con ello las carcomidas estructuras del funcionariado. Pasado y presente, en caso de que también se descubriera. La mala costumbre ha sido parte de nuestra cultura institucional y política.

Cierto que nos llena de indignación y angustia conocer de tantos entramados corruptos que se han beneficiado a la sombra de la impunidad. Pero lo es también el que si no extirpamos a tiempo la necrosis derivada de una cultura política perversa, ésta hará metástasis con graves consecuencias para el cuerpo social.

Apoyamos que el Ministerio Pública cumpla con su rol, y que el Estado aporte los fondos que necesite este instrumento legal para procesar a todos los que cometieron delito con el dinero estatal aprovechando un largo período de impunidad.