El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), establecido mediante el decreto 327-13, ha llegado a su fin.
Oficialmente en la República Dominicana hay unos 450 mil inmigrantes, más de un 90 por ciento de ellos de nacionalidad haitiana.
El proceso de 18 meses otorgado para la regularización fue tortuoso, porque aunque el decreto 327-13 estableció la gratuidad de los servicios, en la práctica fue costoso en muchos sentidos, y porque los requisitos establecidos estuvieron por encima de lo que era posible obtener por la gran mayoría de los haitianos.
Hubo fallas notables de las autoridades dominicanas, y en particular del Ministerio de Interior y Policía, que inicialmente estableció un tope de 20 personas por día a recibir en sus centros, y porque a miles de personas que pudieron presentar documentos les fue imposible llegar hasta los funcionarios receptores. Además de las largas filas, también hubo nudos de corrupción que se establecieron, sin conocimiento de las autoridades, y para recibir los documentos cobraban -por debajo de la mesa- sumas entre 5 y 7 mil pesos.
De parte de las autoridades de Haití también hubo irresponsabilidad. No se cumplió con el programa de documentación de sus nacionales, la excesiva burocracia y en afán fiscalista permitió dejar sin ninguna protección a miles personas que bien pudieron entregar a tiempo sus documentos. En definitiva, se creó un malestar y una falta de consistencia que todavía no sabemos las consecuencias que pudiera tener.
La atención de la comunidad internacional está centrada ahora en las deportaciones que hará el gobierno dominicano. De acuerdo a los datos ofrecidos por el Ministerio de Interior y Policía, de que fueron inscritas 275 mil personas en el PNRE, se puede inducir que podrían estar sujetas a deportación inmediata unas 250 mil o 300 mil personas.
El sector privado, empleador de haitianos en la industria de la construcción, en el sector agroindustrial, en el turismo y otros servicios, fue poco colaborador y poco visionario respecto al PNRE. Pensaban que otorgar un documento de trabajo a un haitiano podría servirle al receptor para una demanda judicial en algún momento. Este fue uno de los motivos para que no se pudiera completar una parte del proceso relacionado con los requisitos.
El tema de la regulación y la potencial deportación de miles de haitianos está ahora en las portadas de los grandes medios de comunicación del mundo. Y la República Dominicana vuelve a ser objeto de cuestionamientos o estar en el foco de atención de la comunidad internacional.
El presidente Danilo Medina ha reiterado su compromiso de que no habrá deportaciones masivas ni abusos de los derechos humanos. Amnistía Internacional ya ha dicho que la violación de los derechos humanos es inminente porque habrá deportaciones masivas. La Comunidad Europea ha pedido respetar derechos adquiridos. Las autoridades de Haití han acusado al gobierno dominicano de tener un doble lenguaje: Prometen una cosa y hacen otra. El ACNUR acaba de publicar este jueves un informe mundial donde coloca a la República Dominicana entre los grandes creadores de apátridas, con 210 mil, en una quinta posición en el mundo.
Otros organismos dicen que existe la posibilidad de que entre los potenciales deportados haya nacionales dominicanos de ascendencia haitiana, que no han visitado nunca Haití y que no tienen vínculo con ese país. Y que estas personas son dominicanas, que debían estar protegidas o que debían ser parte de las que están protegidas por la Ley 169-14 de naturalización.
La realidad es que existe un tremendo drama humano, social, económico, político que están viviendo cientos de miles de personas, ahora sujetas a la deportación. Algunos están tomando la opción de irse voluntariamente, sin esperar la deportación. Otros buscarán formas de permanecer en la tierra que los ha acogido por años, y donde incluso han procreado familia, incluyendo hijos y nietos. Un caso dramático es el de los trabajadores de la caña, que fueron traídos al país bajo contrato con el Estado y con el sector privado. Se quedaron en el país y siguen viviendo en bateyes, pero sin documentos. ¿Se les deportará o se les concederá la residencia permanente o temporal?
La Dirección General de Migración tendrá que cuidar mucho la imagen del país y la suya propia en este proceso, evitar atropellos, y no deportar a ciudadanos dominicanos, que por ejemplo hayan sido despojados de sus documentos de identidad, y se les atribuya ser haitianos porque su apellido es de esa procedencia, porque sus padres lo fueron, pero ellos nacieron en República Dominicana, amparados por una Constitución que tenía, hasta el 2010, el jus solis como fundamento. Son dominicanos los que nacen en territorio dominicano, esa era la Constitución hasta el 26 de enero del 2010.
Las historias personales, las historias de vida, las descendencias, los bienes adquiridos, los trabajos que se dejan, las amistades y la cotidianidad en los barrios donde se vive son parte de los problemas que estaremos conociendo en los próximos días, por una comunidad de casi 300 mil personas, que no pudieron inscribirse en el PNRE.
El gobierno tiene que actuar con cautela en sus decisiones sobre las deportaciones. Y que cada persona que se vaya a enviar a su país se tenga la constancia de que se lleva sus bienes, de que no ha sido despojada o abusada, y muy especialmente que no se deporte a ciudadanos dominicanos.