El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, debe ofrecer los datos que aclaren hasta dónde llegó en las negociaciones con la empresa Pinegy Comercial Group, con la que firmó un “Acuerdo de Potencia”.
Ese convenio autorizaba a la empresa a construir una planta de carbón en Punta Catalina, Baní, al solo costo y responsabilidad de la firma, pero asumiendo el Estado el compromiso de comprar la energía generada, y también adquirir la planta en caso de algún fallo en las negociaciones o en cualquier tipo de negligencia del comprador de la energía producida: es decir el Estado.
La revelación sobre la existencia de este contrato la hizo este medio de comunicación al mediodía de este lunes: Gobierno firmó contrato con empresa desconocida para instalar otra planta de carbón en Punta Catalina, y generar 600 megavatios.
El contrato habla de muchos compromisos, y queda la impresión de que al final sería el Estado el comprador de la planta de 600 megavatios. Muchas dudas se generan con este tipo de transacción, pues no hubo licitación para un acuerdo como este, y por otro lado, la empresa no tiene experiencia en materia energética.
Incluso fue registrada en 2013 y no tenía el propósito de trabajo en el área energética, y posteriormente se le incluye ese propósito. Parece una empresa de carpeta. No hay forma de determinar quiénes son los accionistas, porque su registro mercantil presenta las cuotas sociales a nombre de una empresa (Prep Business Corp., S.A, y posteriormente se transfieren a dos persona: Manuel Porfirio Velázquez Arredondo y Jean Francois Coste.
En el mismo terreno en que se pretende levantar esta nueva planta, ya se construyen dos plantas de carbón, que han sido motivo de controversias, pese a que hubo una licitación sobre quién debía construirla.
El presidente Danilo Medina otorgó un poder Especial al vicepresidente de la CDEEE para firmar este acuerdo. El costo de las plantas es de aproximadamente 2,000 millones de dólares, pero la inversión debe ser de los propietarios de Pinegy Comercial Group.
La pregunta obligatoria es si esta empresa tiene aval suficiente para conseguir esos fondos. Ya sabemos que el Estado Dominicano ha tenido dificultades para conseguir los recursos de las que se están construyendo desde hace más de un año en Punta Catalina.
El presidente otorgó unos plazos para que este acuerdo funcionara, pero no se ha dicho absolutamente nada al respecto. Acento obtuvo información recientemente de que los técnicos y especialistas de la CDEEE trabajaban con este contrato en forma acelerada, a finales del pasado año. Otra versión es que los dueños de la empresa habrían desistido de la inversión y que incluso habrían optado por dejar morir los acuerdos.
Por eso es importante que la CDEEE brinde informaciones sobre este proyecto. Depender de la generación energética a partir del carbón no parece una decisión inteligente en este momento. El país tendrá sus plantas de carbón en 2017, con una generación de 700 megavatios. Adicionar otros 600 megavatios a partir del carbón sería un riesgo muy grande, porque en la medida en que pasa el tiempo es cada vez mayor el rechazo a este tipo de generación energética.
Corresponde al gobierno decir si este proyecto murió y ya perdió sentido, con lo cual el gobierno apenas tendría que decir que perdió interés en ese proyecto. O si el mismo está vigente, con firmantes que lo reclaman, y habría que explicar al país la línea de argumentos que sustenta una inversión como esta. De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Este es un caso en que debe darse -lo más pronto posible- una explicación oficial.