El Día de la Mujer, día siempre propicio para reflexiones sobre los progresos que como país hemos logrado en materia de lucha contra las desigualdades de género, nos encuentra todavía en medio de la pandemia de Covid 19.
Fuerza es de constatar que en tiempo de pandemia todo progreso en la materia se ve frenado. Como durante cualquier desastre medio ambiental o situación de guerra, una crisis sanitaria como la que estamos viviendo acarrea mayores desigualdades para las mujeres y las niñas que para los hombres.
Esta situación ha venido agravando las difíciles vivencias cotidianas que padecen nuestras niñas, adolescentes y mujeres, especialmente las que viven en los sectores vulnerables, obligando a muchas de ellas a convivir con sus abusadores.
No es casual que el departamento de servicios en contra de la violencia del Ministerio de la Mujer recibió más de 600 llamadas durante el primer mes de confinamiento.
A pesar de esta situación, varias instituciones que trabajan con la niñez han publicado los frutos de investigaciones y proyectos que se han desarrollado durante los años 2019/2020 y que tratan de la violencia física o sexual contra las niñas y adolescentes, abordándola desde varios ángulos con el objetivo de ofrecer contribuciones positivas que ayuden a mitigar las desigualdades en este segmento de la población.
Save the Children ha realizado un interesante trabajo en la provincia de San Cristóbal que sale a la luz pública en ocasión del Día de la Mujer: el Proyecto niñas y adolescentes casadas: derechos vulnerados e invisibilizados en la agenda social y nacional.
El estudio se basó en varias líneas de acción. La primera está constituida por intervenciones directas con niñas y adolescentes casadas para mejorar su calidad de vida por medio de su atención integral e inclusión social. Otra pata del proyecto ha sido la de incidir en la transformación de las normas de género y eliminación del matrimonio infantil en las comunidades, los entornos familiares y los medios de comunicación.
El tercer lineamento se orientó hacia la promoción de cambios de comportamiento e incidencia política a través de alianzas con el sector privado para el cambio legislativo y la prohibición del matrimonio infantil.
Este proyecto participativo fue concebido como un proyecto piloto que puede ser replicado tanto por otras organizaciones a nivel nacional como en la región. Se construyó a partir de las voces, vivencias y sueños de las niñas y adolescentes casadas que son siempre excluidas de las agendas nacionales e institucionales. Además, una de sus fortalezas es la de incluir a todos los actores clave de la sociedad.
Otro ejemplo es el de la Fundación Abriendo Camino que ha puesto a circular un estudio sobre La violencia sexual en NNA de Villas Agrícolas, realizado el año pasado con el apoyo de la Embajada Británica dentro del marco del proyecto Empoderando y fortaleciendo jóvenes y adultos de Villas Agrícolas y la Zurza para erradicar la violencia sexual contra la niñez.
La investigación fue realizada con la finalidad de apoyar el trabajo en las comunidades y difundir datos y análisis que sensibilicen e involucren la opinión pública, las autoridades y la ciudadanía en general, para contribuir a mejorar y fortalecer el Sistema Nacional de Protección de niños, niñas y adolescentes, así como a salvaguardar los derechos de la niñez.
El estudio se acompañó de un sistemático trabajo de empoderamiento con niños, niñas, adolescentes y sus familias en la parte norte de la ciudad de Santo Domingo.
Fruto de la incidencia de organizaciones que han llevado públicamente la voz cantante contra el matrimonio y las uniones infantiles, el año 2021 ha traído consigo la tan esperada aprobación de la ley 1-21, que prohíbe el matrimonio de menores.
Con la normativa ya establecida, ahora más que nunca se debe seguir el trabajo de concientización y de cambio de mentalidades para atacar en sus raíces de un problema invisibilizado pero normalizado en la sociedad dominicana y que condiciona el futuro de un gran porcentaje de nuestras adolescentes, limitando su participación activa en la sociedad y coartando todos sus derechos.
De allí el valor del proyecto piloto de Save the Children, que puede tener un efecto multiplicador sobre creencias y comportamientos.
Para concluir, quisiera recordar los siguientes datos: el 37% de las niñas se casa antes de los 18 años y el 12% antes de los 15; el 28% de las mujeres ha experimentado violencia física o sexual y República Dominicana tiene la tasa más alta de feminicidios de la región.
Frente a esta realidad entiendo que si las mujeres queremos contribuir a eliminar estos flagelos deberíamos exigir sin tregua que el Estado asuma sus responsabilidades como “Estado Social y Democrático de Derecho”, tal como está consignado en el artículo 7 de nuestra constitución.
Nosotras, las mujeres, debemos exigir que todas las escuelas públicas impartan una educación sexual integral y científica y que se apruebe la despenalización del aborto en las tres causales para nunca más oír, como lo escuché hace dos días, un menor hablando con toda normalidad de una niña de 13 años que vive en condiciones de extrema vulnerabilidad: “a fulanita, le sacaron una barriga, le duele el cuerpo, pero sigue trabajando”.