En esta semana, del 30 de enero al 3 de febrero, se ha estado desarrollando en La Habana, Cuba, el Décimo Quinto Congreso Internacional de Pedagogía. En el mismo se han presentado unos 1945 trabajos científicos en el que han participado unos 3625 autores y autoras. En el mismo han participado más de 5000 personas, delegados de 34 países de América del Norte, de América Latina, El Caribe, Europa, Australia, Angola, Turquía, entre otros.
El Congreso ha estado dedicado a la memoria inmortal del principal líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, quien en vida no quiso ser recordado en plazas, ni en nombres de las calles, ni en monumentos; aunque él sabía que estaría presente en la vida y en las luchas de su pueblo por mantener las conquistas históricas de la Revolución Cubana que asegura para toda la población el ejercicio de derechos fundamentales: alimentación, educación de calidad y cuidado esmerado de la salud pública.
A continuación presentamos un breve resumen de la ponencia: “Desafíos socio-educativos de la discriminación étnica y la apatridia en el contexto dominicano”, expuesta en el Congreso Pedagogía 2017, por los delegados dominicanos de la Red de Educación Ética y Ciudadana (REDETYC).
El territorio de la isla llamada por los pueblos originarios Haití o Quisqueya ha sido tierra de migración desde hace varios milenios. En la actualidad el grupo principal de inmigrantes en República Dominicana son los haitianos, que vienen a trabajar en diferentes áreas de la economía, aunque por cerca de un siglo (1886-1996), el trabajo se concentró en la industria azucarera.
Mediante todo un proceso de manipulación ideológica de la población dominicana, de explotación laboral de las y los inmigrantes haitianos y sus descendientes, las élites económicas y partidarias utilizaron su poder, su dinero y a algunas instituciones públicas y organismos del Estado Dominicano, para crear leyes, normas y prácticas discriminatorias, llegando a despojar a un número significativo de personas de sus documentos de identidad y de su nacionalidad y convirtieron así en apátridas a un grupo significativo de dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana.
Entre las leyes y resoluciones emanadas de tribunales y organismos gubernamentales que en las últimas dos décadas han contribuido a fortalecer la discriminación étnica y la apatridia podemos señalar: 1.- La ley de migración 285-04 (22 de julio del 2004). 2-La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Diciembre del 2005. 4. La resolución de la Junta Central Electoral de septiembre del 2007. 4.-La Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional por la que quedaron desnacionalizados más de 200,000 dominicanos y dominicanas hijas e hijos de haitianos.
Esta situación de discriminación y segregación étnicas crea desafíos socio-educativos para los procesos de formación de la conciencia ética y política, tanto en el sistema de educación pública dominicano, como en los espacios de formación del liderazgo de las organizaciones populares y comunitarias.
Entre los desafíos que presentamos están:
1.- El conocimiento de la historia de prejuicio histórico, de opresión, maltrato y discriminación étnica contra las y los migrantes y sus afro-descendientes en el territorio dominicano.
2.- El fortalecimiento de la formación de la conciencia crítica del liderazgo de los centros educativos y de las organizaciones que defienden los derechos de las y los migrantes y de sus descendientes (Reconoci.do, MUDHA…)
3.- Las organizaciones comunitarias y populares pueden y deben realizar un acompañamiento militante a los grupos que defienden los derechos de las y los migrantes y de las y los dominicanos de ascendencia haitiana.
4.- Conocer y dar a conocer las leyes y los instrumentos legales relacionados con la migración y la situación de las y los dominicanos de origen haitiano, que en las últimas dos décadas han sido emanados.
5.- Promover el apoyo de los sectores de la prensa nacional crítica para defender el derecho violado por los organismos estatales, sus leyes y resoluciones.
6.- Rechazar y rebatir la violencia verbal y física de los sectores neo-nacionalistas contra las y los migrantes, dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, así como contra quienes les apoyan y se solidarizan con ellos.
7.- Dar a conocer los argumentos presentados en las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que condenan la discriminación étnica y la apatridia en el contexto dominicano, así como los votos disidentes de las magistradas del Tribunal Constitucional Katia Miguelina Jiménez y e Isabel Bonilla Hernández, en el caso de la fatídica sentencia del TC 168-13.
Ante el desarrollo de la creación de muros físicos y psicológicos contra las y los migrantes y sus descendientes, en Dominicana y en muchos países del mundo, es necesario que las y los educadores populares, el liderazgo de las organizaciones comunitarias, la prensa crítica, así como las maestras y maestros del sistema educativo, promuevan la creación de puentes de acogida y solidaridad, tal como ha propuesto el Papa Francisco.
En conclusión es urgente que las y los educadores asuman su tarea de formadores de conciencia social crítica y de apoyo a las luchas y a los derechos adquiridos de dominicanas y dominicanos, hijas e hijos de migrantes que han aportado con su trabajo esforzado a la sostenibilidad económica, social y política de la nación dominicana y a la formación de la conciencia colectiva sobre la necesidad de crear una sociedad justa, equitativa e inclusiva, que se convierta en un real Estado Social de Derechos.