Quien escribe es un usuario común del transporte público. La mayor parte de los días laborables me desplazo desde San Cristóbal a Santo Domingo en un supuesto transporte expreso, que no es ni cómodo, ni rápido; que es, en definitiva, una guagua con aire acondicionado. Otros días tomo sin más, la guagua sin aire o “voladora”. Para tomar la guagua algunas veces tomo primero un moto concho guiado por motoristas que generalmente no llevan casco protector y que, por lo general, no respetan ninguna norma de tránsito. En la ciudad de Santo Domingo, me desplazo en el metro y en carro de concho, a razón de 7 personas por vehículo, como latas entre sardinas.
Algunos días viajo en el vehículo familiar. Me detienen los tapones, y me tengo que enfrentar al caos provocado por la gente de la AMET cuando se ponen a dirigir el tránsito en la esquinas, pero al mismo tiempo dejan el semáforo funcionando; de tal manera que en ocasiones uno no sabe qué hacer. Además, me enfrento a unos policías que no tienen claro cuál es su función pública y que parecen estar atentos solo a una oportunidad para poner una multa. Sufro también las consecuencias de la AMET cuando ante supuestas violaciones me he resistido a sobornar a los agentes y cuando me han impuesto –en tres ocasiones- multas que no han sido justificadas y que, por lo tanto, me he negado a pagarlas apelando ante el organismo competente.
Cuando se buscan las causas que provocan un servicio precario, deficiente y caro habría que reconocer que el caos en el tránsito y en el transporte público es provocado y mantenido por varios actores y actoras, pero sobre todo por quienes se benefician de este desorden establecido. ¿Quiénes son los principales responsables en mantener el desorden? Considero que son fundamentalmente tres: el gobierno a través de un conjunto de dependencias relacionadas con el transporte que no realizan su función de fiscalizadora del transporte; además, a mayor gasto de combustible más dinero recibe en impuestos; el otro actor responsable son los empresarios del transporte (antes llamados “sindicalistas”) que son aliados de los vendedores de vehículos y de repuestos; el tercer actor responsable son las y los usuarios que se han acostumbrado al desorden y han sido incapaces de articular una organización que defienda los derechos de los usuarios y que sirva de contrapeso social al gobierno y a los empresarios de transporte.
Es bien sabido que cada semana el gobierno pone los precios de los hidrocarburos siguiendo supuestamente la ley 112-00; sin embargo cuando toca bajar los precios no se hace en la misma proporción como bajan los combustibles en el mercado internacional. Por otro lado, es sabido que desde hace varias décadas el gobierno utiliza los impuestos de los combustibles para pagar parte de la deuda externa, que en los últimos años se ha duplicado y que en la actual administración ha aumentado significativamente.
Hamlet Hermann, quien fue director de la AMET, ha señalado que uno de los grandes problemas del tránsito en la ciudad de Santo Domingo y en las principales ciudades del país es que las soluciones que se dan priorizan, por lo general, los intereses de los grupos económicos y partidarios, antes que las reales necesidades de la población usuaria del transporte público. Un caso específico es lo del Metro de Santo Domingo. Para su construcción se habló inicialmente de unos $250 millones de dólares y ha terminado costando más de $1500, sin que se haya dado cuenta, con transparencia, a la sociedad. ¿Cuánto de ese dinero realmente se empleó en la construcción? ¿Cuánto se quedó en las garras de la corrupción? ¿Cuánto le ha producido esa “inversión” a Diandino Peña y a su grupo, desde que en los años noventa fuera uno de los principales inversionista en la campaña electoral del PLD en los años 1995-1996?
Hamlet Hermann ha deplorado, además, el descalabro del proyecto de la OMSA, el desmembramiento y la cualquierización de la AMET, así como la construcción de elevados allí donde no son una prioridad, como en el caso del que se está construyendo en la 27 de febrero con la Privada, en donde se estarían invirtiendo unos $900 millones de pesos.
El tránsito y el transporte público necesitan ser reorganizados venciendo la resistencia de los sectores provocadores y sostenedores del caos y la tradicional apatía y desmovilización de la población. Para eso es necesario combinar varios factores: el aspecto de vigilancia, el educativo y el punitivo por parte de las autoridades. En cambio el/la ciudadano/a común, así como los grupos y comunidades tienen el desafío de organizarse y exigir sus derechos a tener un transporte de calidad, al servicio del mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades, las familias y las personas.