De lograr éxito la propuesta de la Junta Central Electoral (JCE) que busca modificar aspectos de la ley que rige el quehacer electoral en relación al tema género, se lograría un notable paso de avance al que desde ya le adelantamos nuestro respaldo.
Si bien la participación política de la mujer ha sido cada vez mås relevante, es también cierto que el machismo imperante en los partidos políticos la ha instrumentalizado de modo cerril, atrayéndola como ganancia bruta de simpatía, dejando de lado su necesaria y valiosa incorporación y capacidad de liderazgo, cuando no es que la subordinan a roles secundarios o meramente decorativos.
Un sistema electoral dominado por hombres, el de América Latina, no deja dudas de que durante mucho tiempo se ha frenado o cuando menos ralentizado la activa participación de la mujer en las organizaciones, extendiendo a éstas los prejuicios, discriminación y falsas valoraciones que existen en otros ámbitos.
Una ínfima parte de los partidos en el continente es dirigida por mujeres, y todavía es muy pobre su cuota parlamentaria y edilicia.
Durante las campañas y fuera de ellas, es justo catalogar de violencia de género el poco deleznable laborantismo que en los partidos fomenta un cúmulo de prácticas malsanas dirigidas a limitar y entorpecer la participación femenina en sus justas aspiraciones de aportar al país a través de su preparación, dedicación y conciencia ciudadana.
La típica marrulla se ha ensañado contra muchas dirigentes por ser solo mujeres, y las maniobras fraudulentas y conciliábulos ruines les han robado oportunidades y posiciones en listas, quedando impunes los perpetradores por no existir instrumentos idóneos capaces de contrarrestar estos entuertos.
Las modificaciones a la Ley de Régimen Electoral, que abarcan una amplia variedad de aspectos, entre ellos el de género, resultan de una trascendencia vital si se quiere modernizar, eficientizar y hacer mås transparente el corpus jurídico que sirve de base al accionar de los partidos, y que tiene en la mujer una serie de retos que es menester abordar con criterio de justicia.
La desigualdad es nota marcada cuando se habla de la participación femenina en las organizaciones, las que suelen clamar por redención social, pero que en los hechos ejercen una política muy masculinizada, diferenciada y sexista.
Esperemos que los cambios a ser introducidos en la Ley Electoral atinentes al género y otros renglones igual de importantes contribuya a consolidar el sistema electoral dominicano, urgido desde hace mucho de una actualización de fondo que demanda la propia naturaleza de una sociedad democrática.