La República Dominicana está llegando al límite de muertes por accidentes de tránsito. Hace varios años que de los 182 países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, ocupamos el segundo lugar en el que la causa de muerte se produce por problemas de tránsito. Hace tiempo que sectores diversos de la sociedad dominicana están clamando para que se tomen las medidas necesarias para controlar esta problemática que cada vez está alcanzando más víctimas; más orfandades; y está drenando la economía nacional y familiar.
Nos sorprende que cada cierto tiempo cambian a la persona que dirige los asuntos del transporte; y que, además, cada cambio implica nuevos planes y nuevos compromisos publicitarios y proyectos que muchas veces se quedan en el listado que se le ofrece a la prensa y nada más. Esta situación es uno de los factores que está agudizando la precariedad vial en nuestro país. Esta precariedad genera formas creativas que se están volviendo incontrolables y letales, no solo para los que conducen, sino para los transeúntes cotidianos. Este problema se ha convertido en una epidemia con rasgos preocupantes: el mayor porcentaje de los motoristas no usa el casco; realizan apuestas a velocidades extremas provocando violencia vial que se vuelve una cultura, que lleva a la tumba a cientos de jóvenes en el transcurso del año. La cultura de violencia vial se manifiesta también en la violación a las leyes que regulan el tránsito en nuestro país.
Somos conscientes de que no basta la regulación a través de las leyes; esta regulación requiere el soporte de una educación vial integral y de calidad. Parece que esto es imposible. Hace años que personas y organizaciones de la sociedad civil plantean la necesidad de que el currículo dominicano asuma los problemas de la vida real; y este es uno de ellos. Sin una base educativa consistente, en los centros educativos y en las familias, los conductores continuarán resistiéndose al uso del cinturón de seguridad; los conductores y los motoristas seguirán haciendo apuestas en avenidas y carreteras hasta en vías contrarias. Además, el llamado moto concho continuará transportando tres y cuatro personas como si fueran objetos desechables. Ni que decir del consumo de alcohol antes o mientras se conduce un vehículo. Esto es un absurdo, pero aquí es una realidad cotidiana. Por la complejidad de la violencia vial en nuestro país, abogamos por menos gastos en publicidad y fotografías. Requerimos decisiones más efectivas y sostenibles para que haya eficiencia en la aplicación de las leyes de tránsito en República Dominicana, leyes que todos hemos de respetar y cumplir. En este y en todos los casos, no puede haber diferencia de trato. Militares, Policías y funcionarios de alto nivel no pueden saltarse las leyes de tránsito como observamos en múltiples ocasiones, con dolor e impotencia. Tampoco puede hacerlo el ciudadano común.
La gravedad del problema requiere que la sociedad en general colabore para reducir al mínimo la cultura de la violencia vial. Debemos comprometernos en la búsqueda de soluciones; hemos de aportar al nivel que podamos; no debemos quedarnos impasibles. Asimismo, es preciso reclamar que los organismos responsables de garantizar el orden en este ámbito lo hagan tratando de que se establezca una articulación orgánica y holística entre la aplicación de la ley y la formación ciudadana. La base educativa garantizará la humanización del transporte en la República Dominicana. Para avanzar en esta dirección, los dirigentes de los asuntos viales en el país han de tomar decisiones que pongan en evidencia la eficiencia y la eficacia de su trabajo. Además, las decisiones deben ser sostenibles; de lo contrario continuaremos con ensayos permanentes que no contribuyen con la superación de la situación actual del tránsito terrestre.