Hizo bien la Junta Central Electoral en advertir a los partidos políticos y a los precandidatos que la campaña electoral en la que se encuentran muchos de ellos es extemporánea y está fuera del mandato de la Ley Electoral 275-07 y fuera de lo establecido por la Constitución de la República, que le otorga autoridad reglamentaria sobre los tiempos de las campañas electorales a la Junta Central Electoral.
Una de las razones para volver al sistema de elecciones cada cuatro años, separadas ahora por dos meses de diferencia entre las elecciones municipales, en febrero, y las presidenciales y congresuales, en mayo, fue porque no había tiempo para otras actividades, debido a los intentos trabajos de promoción política en que era metido el país, con elecciones cada dos años, aparte de los costos que las mismas tenían para el país, no solo económicos, sino también institucionales y el uso irracional de los recursos del Estado.
A la Junta Central Electoral le corresponde establecer una proclama de apertura de las elecciones, por un período de tres meses, y tiene la facultad de establecer los tiempos y límites de las inversiones en las campañas electorales.
Es un buen síntoma que la JCE haya advertido a los partidos políticos que “ve con preocupación los aprestos electorales manifiestos y evidentes en los medios de comunicación, los cuales resultan extemporáneos y fuera de toda previsión legal”.
En el país existe la libertad de asociación, la libertad de reunión y los derechos de los ciudadanos a participar en las actividades que deseen, siempre de acuerdo a las normas legales. Corresponde a la JCE regular los procesos electorales e impedir que los mismos inicien antes de que se ofrezca la oportunidad legal para ello.
Ha dicho la JCE que esta advertencia la hace “sin desmedro de los sagrados derechos de asociación, reunión y libre expresión del pensamiento, a fin del fortalecimiento de nuestro sistema de partidos y las instituciones democráticas”. Tres años antes de las elecciones el país ha entrado, como en muchas ocasiones anteriores, en una frenética agitación electoral, que abarca a todo el sistema político.
Lo que deseamos es que la JCE tenga la disposición de hacer cumplir la ley. Y que en caso de continuar el activismo electoral que ella ha observado, pueda aplicar las sanciones correspondientes. La JCE tiene mecanismos de sanción, que van más allá de la simple amonestación. Una de las formas de sanción podría incluir la suspensión de los fondos públicos que la misma JCE entrega a los partidos políticos.
Lo deseable es que los partidos resuelvan internamente sus asuntos, se organicen, hagan sus asambleas de selección de candidatos sin tener que realizar campañas electorales abiertas, que involucre al Estado y a la sociedad en general. La JCE es la que tiene que poner en vigencia el mandato que la ley le otorga.
La partida de José Frank Álvarez Conde
Sentimos el fallecimiento de José Frank Álvarez Conde, ocurrido la madrugada de este lunes, y sepultado la tarde de ayer.
José Frank fue un empresario dedicado a construir empresas, y a hacer fortuna, que nunca renunció a su deber ciudadano de acompañar a la sociedad en la solución de las serias debilidades del sistema democrático.
Aparte de haber sido emprendedor y visionario del financiamiento inmobiliario, y por ello fue de los ejecutivos del Banco Inmobiliario Dominicano, luego BHD y BHD León, también su voluntario en el sistema electoral, como ejecutivo de la Junta Electoral del Distrito Nacional, y miembro fundador de varias organizaciones de la sociedad civil, algunas de ellas dedicadas a la prestación de servicios de salud a los sectores más empobrecidos de la sociedad dominicana.
José Frank Álvarez Conde también sirvió al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde trabajó como embajador abscrito a la Cancillería, y en donde realizó labores que aún se recuerdan por la calidad de su trabajo y por la delicadeza especial que le asignaba a las relaciones políticas y comerciales con otros países.
Siempre fue un excelente anfitrión. Pulcro en sus responsabilidades de trabajo, detallista como pocos en los asuntos protocolares, y con la virtud de estar casi siempre muy bien informado y pendiente de todo lo atinente al desarrollo de las instituciones políticas dominicanas.
Paz a sus restos y consuelo a su familia, en particular a su esposa Magaly Caram, y a sus hijos Tabaré y María del Mar, así como a sus nietos y demás miembros de su familia.
El país ha despedido a un gran ciudadano y uno de sus hijos preocupados por el desarrollo y el bienestar de la sociedad dominicana.