La declaración del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, sobre los compromisos logrados por él en su viaje de la pasada semana a Brasil, no representa necesariamente un aliento para quienes observan y demandan que haya transparencia en la República Dominicana con el caso de corrupción más grave que se ha manejado en los últimos años en América Latina y en nuestro país.
Ha dicho el procurador que los fiscales de Brasil podrían entregar los datos sobre los sobornados dominicanos un mes antes de que termine el plazo concertado con Odebrecht para revelar las delaciones premiadas, más conocidas como las revelaciones del fin del mundo.
La promesa de las autoridades de Brasil es que todos los documentos y delaciones se darán a conocer, a más tardar en junio de este año, pero como forma de privilegiar las solicitudes de diferentes países, han comenzado a aportar datos sobre el proceso Lava Jato y concertar acuerdos con los ministerios públicos de los países afectados.
Para el estado de ánimo que existe en el país, lo dicho por el procurador no representa ninguna garantía de transparencia, y menos un incremento de la credibilidad de las autoridades, que interrumpieron la primera fase de su investigación y no han querido continuar los interrogatorios a los miembros del Congreso Nacional, de ahora y de anteriores períodos, ni han continuado con los interrogatorios a funcionarios y otros potenciales beneficiarios de los sobornos admitidos por la empresa en sus declaraciones a la justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza.
Los implicados en esta operación de soborno serían muchos, si contamos que se inició en el 2001 y terminó en el 2014 o en el 2015. Y son cuatro períodos de gobierno infectados por estas transacciones. En ese proceso están los funcionarios que negociaron, tanto del Palacio Nacional, como los que dirigían las instituciones a las que iban destinados los proyectos, y en particular quienes estaban en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Igualmente, en el Congreso Nacional habría que tomar en cuenta a los presidentes de la Cámara de Diputados entre el 2001 y el 2014, así como los presidentes del Senado en el mismo período. Senadores y diputados que hayan favorecidos los préstamos, por ejemplo, estarían involucrados, como ocurrió con el famoso caso de los Tucano.
El procurador fue a Brasil y trajo mucha información, y tal vez documentos, que pudieran servirles como pruebas en el proceso legal que deberá comenzar en algún momento. La preocupación es que el Ministerio Público dominicano, a diferencia del mismo órgano en otros países, ha sido pasivo en los interrogatorios, en las investigaciones, en los allanamientos, en la recuperación de documentos o en las órdenes de detención. Y no se trata de que se abuse de nadie, por ejemplo, privándole de su libertad, pero cuando hay casos tan graves, con evidencias o admisión de responsabilidad penal con fondos públicos, los fiscales tienden a ser muy severos, como ha ocurrido en Colombia, en Perú y en Panamá, para no mencionar a Brasil.
¿Qué hará el Ministerio Público dominicano desde ahora hasta que pueda “recibir” los datos desde Brasil? Nadie lo sabe. Tal vez Jean Alaín Rodríguez es partidario de una transacción, de algún acuerdo que vaya más allá del documento firmado con la empresa Odebrecht, para pagar 184 millones de dólares. Hay muchas dudas sobre ese acuerdo, porque la empresa se compromete a saldar el monto en un período de 8 años. Eso quiere decir que la empresa seguirá operando en el país, y es incierto el panorama de esa compañía en Brasil y en América Latina, porque sus negocios se han paralizado, porque los pagos que recibían se han detenido, porque las operaciones han comenzado a ralentizarse en forma dramática, y una posibilidad es que la presión, los ataques, las multas judiciales en Brasil y Estados Unidos lleven a Odebrecht a la insolvencia.
La otra cuestión es que desde el Palacio Nacional ya se ha dicho que el presidente hablará el 27 de febrero, en su discurso de rendición de cuentas del 2016 ante la Asamblea Nacional, sobre el caso Odebrecht. Hace falta que lo haga. El reclamo nacional ha sido que el presidente fije una posición y se refiera a este engorroso proceso, que está afectando seriamente a su propia administración, aunque antes de Danilo Medina hubo tres administraciones que hicieron transacciones con Odebrecht. ¿Lo que diga Danilo el 27 sobre el caso influirá sobre la investigación del Ministerio Público o afectará la Comisión Especial designada por él en su labor de investigar la licitación de Punta Catalina?
Nadie lo sabe. Danilo dijo que el caso de Odebrecht era grave cuando publicó el decreto de designación de la Comisión Especial que dirige Monseñor Agripino Núñez Collado. Más de ahí no sabemos nada. Danilo está obligado con la transparencia. Es lo que se desprende de sus propias declaraciones, y de los casos que recientemente ha enfrentado en CORDE y el CEA. Este tema de Odebrecht, y los fondos distribuidos, va mucho más allá de cualquier denuncia sobre corrupción y manejo de dinero local. Las autoridades de Brasil tienen todos los nombres y los darán a conocer en junio de este año.
La prudencia es importante en este caso, y muy especialmente de quienes manejan el poder. Si los datos son muy comprometedores, y los receptores de los 92 millones de dólares muy importantes políticamente, el país tendrá que ponerse pantalones largos para preservar la institucionalidad, y que no se vaya por la borda la credibilidad del gobierno y del presidente de la República. Por eso es tan importante que el procurador general actúe con la presteza y agilidad que la situación requiere.