El mundo vive un tiempo excepcional por la crudeza y la velocidad de la pandemia COVID-19. Impacta la cantidad y la diversidad de regiones y países del mundo que sufren sus consecuencias. Son momentos cargados de dolor e incertidumbre en los ámbitos de la salud, de la educación y del componente sociopolítico. En este contexto, los grupos de alto poder económico, como los empresarios, se muestran nerviosos al observar cómo su producción y sus beneficios económicos están siendo afectados. De igual modo, constatamos gobiernos identificados con el progreso económico más que con la salud integral y la vida de las personas. Algunos son capaces de negar el virus y hasta ralentizan decisiones que podrían revertir su veloz letalidad en personas y grupos. Tal es el caso de Reino Unido, Unión Europea y Estados Unidos, como lo muestra el caso del portaviones Roosevelt.
La República Dominicana participa de la crítica situación mundial. Igual que en las demás naciones, la sociedad sigue minuto a minuto el curso de acción del virus. A este fenómeno incontrolable el país le añade sus situaciones propias que, dependiendo de su naturaleza e intensidad, complejizan la realidad socioeconómica local. Además de la precariedad del sistema de salud de la República Dominicana, se manifiesta con más claridad la situación de pobreza de muchos dominicanos. Esta situación se mantiene viva, a pesar del elevado crecimiento y desempeño macroeconómico que ha mostrado el país por más de 20 años, según el Banco Central de la República Dominicana. Exhibimos como estandarte en la región ser el país con un PIB de 5.1% y hasta más.
Tenemos dificultad para celebrar la efectividad del desempeño económico de nuestro país, porque no va acompañado de la reducción de desigualdad ni de la inclusión que demanda la pobreza existente en la sociedad dominicana. El Informe de la CEPAL Panorama Social de América Latina y el Caribe, de 2019, sitúa la pobreza general de la República Dominicana en un 22% y la pobreza extrema en un 5%. Es evidente la incongruencia entre el alto porcentaje del PIB y la permanencia de los niveles de pobreza que tenemos actualmente. Este problema requiere atención para evitar que, en tiempos de coronavirus, de elecciones municipales y de elecciones presidenciales, se instrumentalicen las personas empobrecidas del país. Las estrategias y los procedimientos de instrumentalización son diversos; unos más concreto, como los bonos que sustituyen la adjudicación de empleos formales; otros, más sutiles, como aparentes donaciones o regalos coyunturales. Es tiempo de estar atentos para desactivar acciones que violenten la dignidad y los derechos de las personas, especialmente de aquellas que tienen menos oportunidades económicas y educativas. En distintas zonas del mundo, el COVID-19 se está utilizando para obtener ventajas que se distancian de la solidaridad genuina y del sentido humanitario que debería esperarse. La República Dominicana no está exenta de ese mal; y tenemos que desterrarlo, porque se opone a los principios éticos que han de regir a la sociedad en general.
Urge un cuidado permanente de la instrumentalización de los empobrecidos, para desmontar las acciones orientadas a promover fidelidades inducidas tomando como pretexto la emergencia de la pandemia que golpea al mundo. Nadie puede dormirse en esta tarea, si asumimos como eje rector que la persona y su integridad total, está por encima de cualquier interés particular o corporativo. Estamos convocados a una causa noble: ser veedores y actores singulares para contribuir a la superación de cualquier acción que vulnere la dignificación de las personas. Que nuestra inteligencia y audacia se potencien para anticiparnos en esta misión; y así liberar a la nación de prácticas que la colocan al margen de la institucionalidad y de un desarrollo vertebrado por un comportamiento ético sostenido en el tiempo y en los hechos. Unámonos en este compromiso desde nuestros contextos de acción cotidianos.