Si tomamos en cuenta la gravedad de las revelaciones del informe de la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral, para todo el sistema electoral y político dominicano, habría que esperar que varios partidos políticos se constituyan en parte civil y procedan judicialmente contra los funcionarios electorales, en particular contra Roberto Rosario Márquez, y contra los ejecutivos de la empresa INDRA Sistemas.
No es mucho lo que tendrían que hacer, si asumieran como verídico y ajustado a informaciones confiables, el documento dado a conocer por la Junta Central Electoral. El presidente del organismo, Julio César Castaños Guzmán, dijo que para actuar judicialmente tendría que producirse una decisión del pleno y que habría que esperar la auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Si vemos y entendemos el informe, no es necesaria una auditoría de la Cámara de Cuentas. Ese organismo no es responsable de determinar actos de corrupción, ni de investigarlos. Los informes de la Cámara de Cuentas se refieren específicamente a la asignación presupuestaria de los fondos estatales, y determinar si se cumplieron las normas públicas. Habría que suponer que en el caso del contrato de la JCE con INDRA, pese a las dudas razonables, se hizo cumpliendo con esas normas. La Cámara de Cuentas no investiga actos de corrupción, a quien corresponde hacerlo es a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que ya debía estar siguiendo los pasos a los responsables de los desmanes que se denuncian en el informe de la Dirección de Informática de la JCE.
Pero los contratos de la JCE en forma oscura e ineficiente no comienzan con INDRA Sistemas. Nadie debe olvidar el contrato con la empresa SOMO, para instalar oficialías del Estado Civil automatizadas en todo el país, y garantizar un proceso de cedulación por encima, en calidad, de todos los conocidos hasta ese momento. Se contrataron servicios por más de 60 millones de dólares, de los cuales se pagaron cerca de 40 millones de dólares, y aquello fue también un desastre, que todavía hoy la sociedad dominicana paga por la baja calidad de los servicios y por los incumplimientos de los contratistas. Y el Ministerio Público no intervino ni se preocupó por los fondos que allí se desperdiciaron.
En el caso de INDRA Sistemas el miembro del Pleno de la JCE Eddy Olivares, estuvo denunciando con responsabilidad los detalles e irregularidades que se cometían, puso en evidencia que la mayoría mecánica al servicio de Rosario Márquez enterró todo intento de transparencia, y que las propuestas de someter judicialmente a INDRA Sistemas, cuando había tiempo para hacerlo y hasta para detener los pagos, jamás se tomaron en cuenta. Todo intento de defensa de los recursos estatales fueron inútiles.
Incluso cuando la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado quiso intervenir para que se aplicara la ley, la JCE acudió al Tribunal Constitucional, y allí se le dio la razón a Roberto Rosario, de que la competencia del organismo supervisor del Estado en los contratos con terceros no llegaba hasta una entidad con independencia presupuestaria.
Este informe de la Dirección de Informática de la JCE deja claro hasta dónde se han comprometido los organismos estatales en proteger la impunidad y la violación de las normas de pulcritud y cuidado de los fondos públicos. Argucias legalistas permiten hacer negocios y contratos grandemente lesivos al Estado.
Y el contrato con INDRA Sistemas tiene debilidades tan notables que dan grima, como el dato de que los equipos comprados por la JCE tenían un sotfware que era propiedad de la empresa y la JCE no podía modificarlo. Lean lo que dice el informa:
Es importante señalar que mediante este contrato la JCE adquiere equipos y servicios destinados al proceso electoral 2016, sin embargo con relación al software lo que se adquiere es las licencias de uso. Es decir, que los programas utilizados son propiedad de INDRA no de la JCE y por tanto para hacer cambios, modificaciones o adaptaciones es necesario acuerdos posteriores.
Insistimos en la pregunta inicial, ¿cuál de los partidos políticos que participó en las elecciones del 2016 se dará por enterado, y por tanto lesionado, de las actuaciones de la empresa INDRA Sistema con los funcionarios electorales, y se presentará como demandante de sanciones judiciales a los responsables?